Tras las denuncias de los familiares de las víctimas de la masacre de Llano Verde, en la que fueron asesinados cinco menores de edad el pasado 11 de agosto, las autoridades siguen líneas investigativas que apuntan a la empresa de vigilancia Control Interno y Transporte, también conocida como Búho Servicios, en la que al parecer laboraban los presuntos implicados.
Los representantes de víctimas pidieron a la Fiscalía establecer la procedencia e historial de la empresa, en la que laborarían Juan Carlos Loaiza, detenido por el caso y Gabriel Bejarano, buscado por las autoridades en Cali.
Esto porque, agregan los abogados, en operativos realizados en octubre de 2019 varios de sus directivos fueron al parecer detenidos por presuntos tráfico de drogas y homicidios.
Además, la razón social de la empresa obedece a la prestación de servicios de transporte y no de vigilancia.
Así mismo, uno de los capturados la semana pasada por la matanza tendría relación con el grupo disidente de las Farc 'Jaime Martínez'.
Por ello, los representantes reclaman además al ente acusador determinar si los crímenes se perpetraron por 'comer caña', como dijo el fiscal Francisco Barbosa, o si hay una estructura criminal que impartió las órdenes.
Por Bejarano, alias El Mono, el 'vigilante' que sigue prófugo las autoridades aumentaron la recompensa de $20 a $50 millones para quien dé información de su paradero.
El otro detenido fue identificado como Yefferson Angulo.
Las víctimas del hecho fueron Juan Manuel Montaño, Leyder Cárdenas, Jean Paul Perlaza, Jair Andrés Cortés y Álvaro José Caicedo, quienes presentaban múltiples heridas por arma blanca en el cuello y rostro, así como tiros de gracia y golpes.
