El contrato de prestación de servicios FP-148 del 14 de julio de 2016, por $574 millones, suscrito entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la empresa Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores, es el que ha generado críticas por parte del expresidente Álvaro Uribe y su partido del Centro Democrático.
Esto porque consideran sospechoso el hecho de que el entonces subgerente de la sociedad de abogados y quien suscribe la contratación, César Reyes, sea el magistrado que tomó las primeras determinaciones en el proceso que se le sigue a Uribe en la Corte Suprema de Justicia.
Dicen los uribistas que el hecho de que tal contrato haya sido suscrito en la era Santos, a quien Uribe declaró enemigo político, genera suspicacias en torno a las decisiones que posteriormente tomaría el togado en contra del líder del Centro Democrático.
La contratación, suscrita entre María Restrepo, directora del Fondo de Programas Especiales para la Paz, y Reyes, se justifica en que 'la Oficina del Alto Comisionado para la Paz requiere acopiar y analizar la información jurídica de las personas que se encuentran privadas de la libertad, así como las condiciones témporo-modales, la condición de vinculación a la justicia ordinaria, los delitos y penas impuestas a estos, realizar desplazamientos a los diferentes establecimientos carcelarios donde se encuentren recluidas las personas incluidas en los listados o relacionadas por la delegación de las Farc y/o a los despachos judiciales donde cursen los correspondientes procesos contra estas personas'.
Por lo anterior, agrega, 'se requiere realizar una investigación situacional de identificación, verificación y análisis de las condiciones jurídico-carcelarias en que se encuentran las personas que aparecen enlistadas por pertenecer o colaborar con la organización armada ilegal Farc, en todo el país'
Y se indica en el contrato de siete páginas que hubo 'tres solicitudes enviadas', que 'se recibió respuesta positiva de dos empresas' y que 'la propuesta que más se ajustaba a las necesidades de la Oficina, en el aspecto económico, fue la presentada por la empresa Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores'.
