Cuando se cumplen cuatro años tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, la Procuraduría advirtió el pasado martes en un comunicado que la implementación de la paz avanza 'de forma desarticulada'.
Esto, añade, por 'los desafíos y rezagos en el cumplimiento de los compromisos asumidos'.
Se trata del segundo informe sobre el avance de la implementación del acuerdo de paz presentado al Congreso de la República.
En líneas generales, el Ministerio Público, aunque reconoció importantes avances, identificó 'una limitada participación de la ciudadanía, enfoques diferenciales poco desarrollados y problemas de planeación, programación y destinación de recursos financieros'.
El órgano de control señaló por ejemplo que a marzo de 2020 solo se ha cumplido con el 60% de los compromisos previstos en el Plan Marco de Implementación, PMI, que tenía como plazo de ejecución un periodo entre 2017 y 2019.
Frente a la seguridad de los líderes, lideresas y defensores, la Procuraduría señaló que 'es necesario que el Estado garantice la seguridad en los territorios para que la oferta social llegue a los municipios más afectados por el conflicto, lo que permitirá reducir las brechas económicas y sociales y lograr la transición de las economías ilícitas a lícitas'.
Sobre la ejecución de la Reforma Rural Integral y el cumplimiento de las metas establecidas en materia de acceso a la tierra, se lee que solo han sido adjudicadas 8.230 hectáreas de las 3 millones de hectáreas a entregar hasta el año 2027.
'Uno de los mayores rezagos en la implementación del acuerdo tiene que ver con el desarrollo del punto 2, relacionado con la participación política, debido al estancamiento del debate legislativo de proyectos de ley relacionados con las garantías y la promoción de la inclusión de organizaciones y movimientos sociales, así como la movilización y la protesta social, la reforma política y la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz', critica el reporte.
Frente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, el Ministerio Público señaló que se ha limitado a atender a las 99.097 familias vinculadas inicialmente en 56 municipios, y no a las más de 188.000 que firmaron acuerdos colectivos, lo que indica que cerca del 52% de quienes manifestaron su voluntad de avanzar en este propósito no ingresaron al programa.
Identificó el informe 'avances en el cumplimiento del mandato y funciones de las tres entidades que conforman el sistema, como la recolección de testimonios y la creación de espacios de escucha, reconocimiento y diálogo por parte del Comisión de la Verdad; la formulación del Plan Nacional de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y los 11 planes regionales; así como la apertura de siete macrocasos en la Jurisdicción Especial para la Paz'.
Y en cuanto al presupuesto y financiación, el ente de control halló deficiencias en materia de planeación, distribución, ejecución y seguimiento de los recursos, así como una excesiva concentración en unos pocos proyectos de inversión: 'Solo el 5% de los proyectos concentró el 60% de los recursos del Presupuesto General destinado a la implementación del acuerdo'.
