Tras tres días de reuniones en la mesa de trabajo para elaborar el protocolo para las protestas que ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá declararon que no llegaron a un acuerdo en algunos puntos y por eso pedirán 60 días más de plazo.
A la salida del encuentro, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, dijo que las propuestas del Gobierno de 'la necesidad de solicitar una póliza civil extracontractual, la prohibición de utilizar pinturas o de utilizar implementos que cubran el rostro, en el criterio de la Alcaldía estos son asuntos que únicamente pueden ser resueltos por la ley, que es la llamada a regular derechos'.
Los puntos en que sí hay acuerdo dentro del borrador de una veintena de páginas se refieren a que los policías que intervienen en las manifestaciones no portarán armas de fuego y a que la Policía será la que autorizaría la aparición del Esmad y no los alcaldes.
'No es la misión'
El fiscal Francisco Barbosa respondió al Tribunal que la Fiscalía no participará en la elaboración de los protocolos para las protestas sociales como lo ordenó ese despacho judicial a través de una medida cautelar contenida en un auto del pasado 24 de septiembre.
Así consta en una misiva fechada el pasado lunes, dirigida por Barbosa al Tribunal, en la que, no obstante, afirma que acata la medida cautelar solicitada por una acción de tutela y resalta que ha asistido a las mesas de trabajo que se han dispuesto al respecto entre el Gobierno, la Policía y la Alcaldía de Bogotá.
Y advierte que la misión constitucional de la Fiscalía 'no comprende la competencia para tomar parte de la formulación de protocolos dirigidos a solucionar ‘el antagonismo violento entre las fuerzas militares y la población civil’'.
Tribunal decidirá
Luego de que Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, Cajar, presentará ante la Corte Suprema de Justicia un incidente de desacato al considerar que el Gobierno incumplió las órdenes que impartió ese mismo alto tribunal en el fallo sobre las protestas sociales en el país, la Corte remitió el caso al Tribunal Superior de Bogotá.
Esta instancia deberá decidir si el Ministerio de Defensa no obedeció las disposiciones de la Corte Suprema, que estableció que hubo una vulneración del derecho a la protesta por la intervención desproporcionada de la fuerza pública al reprimir las manifestaciones.
¿Disculpas?
Algunas de las órdenes impartidas por el alto tribunal fueron las de ofrecer disculpas, por parte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por los abusos de los uniformados durante las protestas del paro nacional en noviembre pasado.
Trujillo, la semana pasada, ante la disposición de la Corte reiteró las disculpas que había ofrecido por el asesinato semanas atrás por parte de policías del ciudadano Javier Ordóñez.
Entre tanto, en la Corte Constitucional ya se dispuso la revisión de la tutela que originó el fallo de la Corte Suprema, revisión solicitada por el Gobierno al considerar, según lo que ha dicho el presidente Iván Duque, que hubo errores en la decisión y extralimitación de funciones del alto tribunal.
