Luego de que la juez 30 de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, otorgara la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe, en su proceso por soborno a testigos y fraude procesal, ahora su caso continuará bajo jurisdicción de la justicia ordinaria.
La juez Salcedo acogió la petición presentada por la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de Uribe Vélez, que desde el pasado 4 de agosto permanece en detención domiciliaria en su hacienda 'El Ubérrimo', en Córdoba.
La togada indicó que la indagatoria que la Corte Suprema le adelantó en octubre de 2019 a Uribe Vélez no es equivalente a la imputación de cargos y agregó que 'no es posible equiparar los actos de indagatoria al de formulación de imputación de la Ley 906, que es el acto medular para permitir los actos al debido proceso y la indagatoria de la Corte'.
Explicó que 'no se concibe la validez de una medida de aseguramiento sin una previa formulación de imputación', que es la diligencia en la que la Fiscalía le comunica a un sindicado que lo va a investigar.
Asimismo, durante la audiencia, Salcedo criticó a la Fiscalía, considerando que 'se trató de un desatino', cuando el fiscal Gabriel Jaimes cuestionó la manera en la que se desarrolló la indagatoria contra Álvaro Uribe en la Corte Suprema.
La juez 30 señaló que 'esas críticas del fiscal del caso no debían presentarse en esa audiencia en particular y, por el contrario, estaban dirigidas a desviar la atención de la diligencia a aspectos que no son de competencia de los jueces de control de garantías'.
El proceso en contra del exmandatario pasó a la justicia ordinaria luego de que el pasado 16 de agosto renunciara a su curul en el Senado.
Ante la decisión de la togada, Álvaro Uribe Vélez seguirá enfrentando el proceso en su contra, pero ahora en libertad, algo que agradeció a través de Twitter.
Analisis de expertos
Sin embargo, abogados especialistas consultados por EL HERALDO manifestaron que la jurisprudencia indica que lo que la Corte hizo en este asunto debe mantenerse y, por lo tanto, la Fiscalía debería avanzar a la siguiente etapa y no empezar desde el principio.
De hecho esa fue la posición que María Lourdes Hernández, delegada de la Procuraduría, expuso ante el alto tribunal, donde afirmó que se debe adecuar al nuevo sistema a lo que ya hizo la Corte, 'preservando la validez de los actos de investigación, sin que ello implique nulidad de lo actuado', pues el llamado a indagatoria, la resolución de la situación jurídica de Uribe y la medida de aseguramiento fueron dictadas por autoridades competentes.
Por su parte, el exmagistrado Jaime Arrubla, indica que ahora la decisión le correspondería a la juez 30 de control de garantías. 'Si decide arrancar de cero deberá proceder a la imputación de cargos ante un juez', sostuvo.
Según el profesor de la Universidad Externado Camilo Burbano, el viejo sistema y el penal acusatorio no son equiparables y tienen etapas distintas, lo que lleva a que el caso del expresidente deba empezar desde ceros. Así, dijo, debe arrancar en la indagación y el fiscal Gabriel Jaimes deberá definir si cita o no a Uribe a imputación y si pide de nuevo una detención.
Entre tanto, el penalista Andrés Felipe Peláez Reyes dijo que el caso debe seguir en indagación preliminar, y lo que alcanzó a hacer la Corte en el proceso no puede ser considerado como prueba, sino como un elemento material probatorio. Peláez cree que es a la Fiscalía a la que le corresponde 'como titular de la acción penal' establecer en qué queda el caso.
Sin embargo, la abogada penalista Helena Hernández considera que la juez podría determinar que en el caso Uribe ya se inició la investigación y se debe pasar a la acusación.
