Controversia ha generado el hecho de que la fuerza pública adelantara la operación en contra del tercer cabecilla del Frente de Guerra Occidental del ELN, Andrés Felipe Vanegas, alias Uriel, a pesar de que se tenía la presencia de dos menores de 6 y 10 años en el sitio.
El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Ariel Ávila, denunció que en el lugar estaban una niña de 10 años que al parecer es la hija de Vanegas y un niño de seis años.
'Nosotros recibimos la denuncia por parte de ambas madres que piden claridad de lo que pasó', dijo Ávila y agregó que los menores fueron sacados del combate por parte de uno de los guerrilleros que se escapó de la Operación ‘Odín’.
A esto respondió el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que 'el Estado bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario tiene la potestad de hacer operaciones cuando hay menores de edad. Se pueden hacer respetando el principio de proporcionalidad y distinción. Cuando hay menores de esta naturaleza quien viola el DIH es quien tiene al menor en ese campamento'.
A su vez, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, indicó en rueda de prensa que para la operación, en la que las autoridades llevaban trabajando más de un año, 'la inteligencia indicaba de la posible presencia de menores que no hacían parte de este grupo organizado'.
Explicó que el ELN se llevó a los dos niños tras la operación militar, por lo que pidió a la guerrilla, 'que es la responsable por la seguridad y la vida de estos menores', que los entregue 'a la primera oportunidad' a través de 'los medios legítimos que tiene el Estado colombiano para que les sean restablecidos los derechos que en su momento les habían quitado'.
Y al ser preguntado sobre si alguno de los menores murió en la operación, el general Navarro dijo que al registrar la zona del ataque solo hallaron el cadáver de alias Uriel y 'material de intendencia'.
En medio de la polémica, el senador Roy Barreras, de La U, quien denunció la semana pasada en un debate en el Congreso que el ministro de Defensa le ocultó al país que 36 niños habían muerto o desaparecido por acciones de la fuerza pública, advirtió en Twitter: 'Mindefensa sigue ocultando la verdad a los colombianos. Ministro: Van 36 niños muertos en este gobierno. Claro que el DIH permite cuidadosas operaciones. Eso es lo que le pregunto: ¿Murieron todos en combate?'.
En cambio, el senador Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, ‘trinó’ defendiendo el accionar de la fuerza pública: 'Alcahuetas de criminales. Critican las operaciones militares donde se dan de baja cabecillas narcoterroristas, pero callan que estos bandidos siguen reclutando menores y los usan de escudo. Ataquen esa práctica tenebrosa, no las acciones de las autoridades'.
Ariel Ávila agregó en sus redes sociales al respecto: 'A los niños y a las niñas no se les puede involucrar en la guerra. Es necesario salvarlos y entregarlos a sus madres'.
Sin embargo, Ana María Abello, excandidata uribista al Senado, escribió en su cuenta: 'El ministro @CarlosHolmesTru hace un llamado para que no hagan politiquería con las muertes. La fuerza pública no mata niños, los que violan el Derecho Internacional Humanitario son los terroristas que llevan a menores a sus campamentos. El único muerto fue alias Uriel'.
El abatimiento de Uriel, registrado el pasado domingo en zona rural de Nóvita, Chocó, es el mayor golpe que ha sufrido la guerrilla del ELN en los últimos años al ser 'un objetivo de alto valor' para el Gobierno.
'Fue más de un año sin descanso que lo finiquitamos con una larga infiltración por la selva chocoana, empleando varios medios y métodos dada la abrupta geografía que encontramos en el litoral pacífico, hasta llegar al campamento en el que se encontraba el bandido alias Uriel', dijo el general Navarro.
Por ello, esta es la operación más importante que ha realizado contra el ELN el gobierno del presidente Iván Duque en los más de dos años que lleva en el poder.
Antes de esta operación, el golpe más importante de las Fuerzas Armadas en el actual gobierno fue la muerte de Walter Patricio Arizala, alias Guacho, jefe de una disidencia de las FARC, abatido en diciembre de 2018 en el departamento de Nariño.
El guerrillero, que llevaba más de 25 años en ese grupo, reconoció hace un mes que el ELN participó en las violentas manifestaciones en Bogotá contra la brutalidad policial en las que murieron al menos 13 personas el 9 y 10 de septiembre, jornadas en las que fueron incendiados al menos 75 Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía.
Igualmente fue uno de los mandos del ELN que se atribuyó el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá que en enero del año pasado dejó 22 muertos, entre ellos una ecuatoriana, y 66 heridos.
