La Procuraduría sancionó con 20 años de inhabilidad y suspensión en el cargo a los siete soldados señalados de la violación de una menor indígena embera en hechos registrados el pasado mes de julio en un resguardo de Pueblo Rico, Risaralda.
Se trata de los soldados pertenecientes al Batallón de Artillería No. 8 ‘Batalla de San Mateo’ de la Octava Brigada del Ejército Nacional, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata, Luis Fernando Mangaret Hernández y Juan Camilo Morales Poveda.
La procuradora delegada señaló en el fallo que a la menor indígena, por su edad, 'no le era posible autodeterminar sus acciones o comprender los riesgos que implicaba acercarse al lugar donde estaban acantonados los militares'.
En la decisión, donde además se compulsó copias para que se establezca si otros soldados habrían accedido carnalmente también a la menor embera, la procuradora concluyó que 'está demostrado que para el 21 de julio entre las 7 y 9 de la noche en inmediaciones del Colegio Pío XII la menor indígena fue accedida carnal y violentamente por lo menos por seis soldados del batallón'.
El juicio se inició el pasado mes de julio en el despacho de la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial por el acceso carnal violento en persona protegida y retención de la menor perteneciente a la comunidad indígena Gito Dokabú Embera Katío.
Frente a los hechos, el Ministerio Público advirtió que el soldado Mangaret 'aunque no ejecutó actos de violación sexual contra la niña, al parecer contribuyó a la realización de estas conductas cuando tenía el deber constitucional y legal de defenderla de cualquier agresión, por ser sujeto de especial protección'.
Además, los uniformados admitieron ante la justicia penal que retuvieron contra su voluntad a la menor de 12 años de edad entre las 7:00 de la noche del 21 de junio y las 5:00 de la mañana del día siguiente cerca de las instalaciones de la BPM Pelotón Buitre 2, en inmediaciones del Colegio Pío XII.
Por ello, un juez de control de garantías de Pereira les impuso entonces medida de aseguramiento privativa de la libertad en una guarnición militar.
La Fiscalía los imputó como presuntos responsables del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, en calidad de autores y cómplices.
Los soldados regulares involucrados prestaban su servicio obligatorio en el Batallón de Alta Montaña de Génova, Quindío, y al momento de los hechos delictivos se encontraban en labores de apoyo operacional en el Batallón de Artillería en la ciudad de Pereira.
