La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha acreditado como víctimas a más de 180.000 personas en un caso que investiga las violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas en dos departamentos colombianos durante el conflicto armado interno.
La Sala de Reconocimiento de la JEP informó en un comunicado que acreditó en las últimas semanas a 10 organizaciones indígenas, ocho consejos comunitarios afrodescendientes y seis organizaciones campesinas del suroeste del país dentro del llamado 'Caso 05'.
'En total se han reconocido a más de 180.000 víctimas y 124 organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas en esta situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca', manifestó la JEP en el comunicado.
El alto tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, abrió el 'Caso 05' el 16 de noviembre de 2018.
Este caso prioriza las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al DIH en el marco del conflicto armado por parte de las FARC y de miembros de la fuerza pública.
Esas violaciones ocurrieron en los municipios caucanos de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, y en las localidades de Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el Valle del Cauca.
'Con estas acreditaciones, en el 'Caso 05' se ha completado la acreditación de la totalidad de organizaciones indígenas y afrodescendientes del norte del Cauca y la mayoría de organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas del sur del Valle del Cauca', añadió la JEP.
La priorización de este caso se dio a partir de los informes presentados por la Fiscalía colombiana, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
En esos documentos la JEP identificó hechos graves como desplazamiento forzado, secuestros, tortura, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento y siembra de minas antipersonal.
También incluye casos de reclutamiento forzado, desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas y atentados al medio ambiente y al territorio, por parte de integrantes de las FARC y de miembros de la fuerza pública entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016.
