El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reiteró este viernes que el Gobierno no cumplirá el fallo de tutela del Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Bogotá, que ordena reactivar la exigencia de las pruebas PCR para los viajeros internacionales que quieran ingresar al país.
'Nos pone en una situación muy compleja porque sobrepone de alguna manera el derecho individual sobre los derechos colectivos, que es lo que prima en una condición como la que estamos atravesando de pandemia. Eso nos llevaría a someter a cuarentena en diciembre a más de 120 mil personas, de las cuales 80 mil tendrían prueba negativa', dijo el funcionario.
El jefe de la cartera de Salud indicó que 'desde el Ejecutivo se ha sido respetuoso de los fallos de los jueces y las solicitudes de la Corte Constitucional', pero aseveró que esta situación 'lleva a una imposibilidad de cumplimiento dadas las características del fallo y la injerencia sobre la política y estrategia para el manejo de la pandemia'.
Puso de presente Ruiz que 'en este momento estamos dentro de los términos legales y dentro de esos términos se procederá'.
Y sostuvo que por ahora no se exigirá la prueba PCR a los viajeros que vengan del exterior: 'Mientras tanto y mientras no expidamos los actos que cambiarían la situación y obligarían la prueba PCR, la situación continuará igual'.
Señaló además que el fallo 'va en contra de toda la evidencia, recomendaciones y sugerencias de epidemiología de la Organización Panamericana de la Salud', yendo más allá de la imposición de la prueba PCR y adentrándose en la propia capacidad de respuesta de la autoridad sanitaria y del Ministerio de Salud frente a una pandemia.
Indicó en este sentido que se estima que solo un 0,03% de los casos registrados en Colombia corresponden a población viajera procedente del exterior, por lo que explicó que si el país estuviera en una fase de contención, con un índice de reproducción y número de contagios inferior a otros países con los que se tienen conexión constante, 'sería viable hacer el cierre de fronteras o exigir pruebas diagnósticas'.
Insistió el ministro en que hay imposibilidad del cumplimento del fallo, 'en la medida que prácticamente se desarticula la actual política de salud pública y toda la estrategia para el manejo de la COVID-19 en Colombia. De acuerdo con la estrategia, existen momentos que cuando hay una baja tasa de contagios en un país y están llegando personas contagiadas, una medida de esas podría tener algún sentido'.
Agregó en este sentido que ya transcurridos 10 meses de la pandemia, cuando el nivel de seroprevalencia en Colombia y en muchas ciudades está por encima del 50%, 'una imposición de esa naturaleza genera problemas'.
El jefe de la cartera de Salud indicó que el juez en su nueva respuesta restringe aún más las condiciones de aplicación del fallo: 'Nosotros habíamos pedido la explicación de cuál era el tiempo de la medida y nos impone ahora la existencia de una vacuna efectiva. Además, nos impone tomar parámetros que no se compenetran con los que nosotros hemos tomado'.
Adicionalmente, recordó, hay países donde no se hacen pruebas de PCR o cumplen otros estándares, lo que imposibilitaría a un grupo importante a regresar al país.
Frente a lo que sigue en el rifirrafe, dijo, 'es que seguramente el juez tendrá que hacer unos llamados a hacer el cumplimiento, nosotros creemos que esa es la decisión que protege a la salud pública y creemos que así debemos mantenernos'.
También puso de presente que hay una eventualidad adicional y es que los juzgados entran en vacancia el 19 de diciembre, así que cualquier acción para adoptar la medida llevaría a una situación que se extendería seguramente hasta el mes de febrero.
Ruiz Gómez criticó de igual forma que 'aquí nos encontramos ante un fallo que tiene una condición de desproporcionalidad que nos obliga a tomar esta decisión de plantear la imposibilidad del incumplimiento del fallo. Es una situación particular y excepcional que no tiene ninguna consideración de las decisiones de Gobierno'.
En cuanto a vacunas, el ministro señaló que en Colombia el procedimiento requiere una autorización por parte del Invima dada en condiciones de uso excepcional, 'como sabemos las vacunas se han desarrollado en un tiempo récord mucho menor a los procesos usuales, y será nuestra agencia reguladora la que verifique la seguridad y eficacia de estas a través de un proceso de evaluación'.
Reiteró el funcionario que 'las vacunas que ya adquirimos en Colombia a través del mecanismo COVAX serán para 10 millones de personas, están planteadas para el segundo semestre de 2021. Y en negociaciones bilaterales estamos buscando tener para el primer trimestre'.
Puntualmente con la candidata de Pfizer, el jefe de la cartera de Salud dijo que aún se está en proceso de negociación, así como con otras empresas, para cerrar convenios lo más pronto posible.
'No podemos confirmar el número que estamos negociando con ninguna empresa. El objetivo son 15 millones y llevamos ya vacunas para 10 millones', señaló.
También explicó que todas las vacunas que se desarrollan a nivel internacional deben pasar por la aprobación de la autoridad sanitaria y en nuestro país se pide la de una internacional como la FDA o EMA, así como la certificación de seguridad, efectividad y eficacia del Invima.
'Las solicitudes las hacen los proveedores de vacunas, el Invima debe tener ya su reglamentación para el uso de emergencia. En Reino Unido, ellos tomaron la decisión de aplicar la vacuna sin la aprobación de la agencia europea o la FDA, en el caso de Colombia, buscando la seguridad de la salud de los colombianos, nosotros lo exigimos para tener un doble chequeo de agencia internacional y nacional', precisó.
