Una recompensa por $100 millones ofreció el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por los responsables de la masacre registrada la noche del sábado en el Cauca. El funcionario junto a la cúpula militar y policial, adelantó un consejo de seguridad extraordinario para analizar la situación de orden público de la zona, debido al homicidio de cuatro personas y una más herida en hechos presentados este fin de semana.
Según afirma el jefe de la cartera de Defensa, los hechos se le atribuyen a organizaciones de narcotráfico.
'El narcotráfico es el enemigo de la comunidad y el principal generador de violencia en el Departamento del Cauca. Los Grupos Armados Organizados dedicados a esta actividad ilícita son los responsables de las masacres y las muertes selectivas en el norte y sur del departamento', ratificó el alto funcionario.
La masacre, que fue perpetrada la noche del sábado en Gualanday, en un caserío de Santander de Quilichao, municipio del norte del Cauca, se dio debido a la disputa del territorio entre disidencias del ELN y bandas criminales vinculadas al narcotráfico.
Según la Defensoría del Pueblo, una de las víctimas de la masacre, en la que además resultó herida una mujer, era un reincorporado de las FARC, razón por la que organizaciones civiles del Cauca no descartan que el ataque haya sido en su contra, ya que más de 240 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.
Una alerta
Según una alerta temprana de la entidad, Santander de Quilichao vive un escenario de riesgo subregional compartido con los 12 municipios restantes del norte del departamento y algunos del sur del vecino Valle del Cauca, pues esa subregión es apetecida por actores ilegales y bandas vinculadas al narcotráfico toda vez que es estratégica por las facilidades para el tráfico y tránsito de drogas ilegales, pero también para la financiación de los distintos grupos al margen de la ley que operan allí.
'Hay una situación particular y es que los últimos asesinatos en la zona ni siquiera están siendo dirigidos contra las personas que ejercen los liderazgos sino contra sus familias y eso es una nueva metodología que hemos estado rastreando este año. Eso incluye a excombatientes y a defensores de derechos humanos', dijo en una entrevista el coordinador del área de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Mauricio Capaz.
Asimismo, Capaz aseguró que las amenazas, homicidios y atentados contra la población civil demuestran la intención de acallar y desarticular las exigencias colectivas de líderes, reclamantes de tierras, organizaciones que hacen frente a la ocupación ilegal del territorio y representantes de las mesas de víctimas.
'Lo que vemos en el Cauca son numerosos actores legales, pero también ilegales, que intentan doblegar el ejercicio que están haciendo las comunidades indígenas', agregó Capaz.
El líder subrayó que la situación de emergencia humanitaria en ese departamento es inminente. 'Se vienen tiempos difíciles, este sería el inicio de tiempos bastante complicados en términos de la multiplicidad de eventos de riesgo en el norte del Cauca, y las comunidades son las más propensas a salir afectadas'.
Ese escenario empeora cuando el liderazgo ejercido por las comunidades es difamado, como denunció el domingo la presidenta del MAIS, Martha Peralta, al asegurar que las 'declaraciones estigmatizantes' contra su comunidad 'son una orden para que aprieten el gatillo'.
