El defensor del pueblo, Carlos Camargo, recordó que del 1 de enero al 30 de septiembre de este año fueron asesinados 139 líderes en 22 de los 32 departamentos de Colombia, por lo que señaló que hoy más que nunca es indispensable que se materialice el compromiso de todas las instituciones en la consolidación de garantías para el ejercicio de liderazgo en el país.
'No podemos acostumbrarnos a esa barbarie, cada vida de esas le quita una rebanada de futuro a una comunidad', subrayó Camargo en una declaración frente a la ministra consejera de la Embajada de España, Lourdes Sangróniz; la primera secretaria de la Embajada de Noruega, Line Hammeren, y el jefe del programa de Paz y DDHH de la Embajada de Suiza, Mathias Zeller.
Acompañamiento
Como respuesta a la situación de riesgo en la que viven los líderes sociales, la Defensoría diseñó una estrategia para que el Estado colombiano ofrezca respuestas oportunas enfocadas en la prevención, protección, no estigmatización y justicia de cada una de las personas que ejercen actividades de liderazgo y defensa de los DD. HH.
Narcotráfico, combustible de la violencia
Según la Defensoría, en las regiones en las que han sido asesinados los líderes sociales hay una clara presencia del narcotráfico que incita al desplazamiento, genera violencia, delincuencia, inseguridad, incentiva el reclutamiento de menores, la conformación de pandillas y bandas criminales, contribuye a la deforestación y amenaza el medioambiente.
'Es importante entender la relación causa-efecto que hay entre el asesinato de líderes sociales y la presencia del narcotráfico en las zonas en donde dichos líderes ejercen su indispensable vocería social', dijo el defensor.
Además señaló que las redes de narcotráfico tienen incidencia en la afectación de otros derechos como la salud pública, el bienestar de jóvenes y niños y la dignidad de la mujer.
'No es posible salvaguardar la vida de los líderes sociales sin combatir contundentemente al narcotráfico', advirtió.
