El procurador Fernando Carrillo destituyó e inhabilitó por 10 años a la excongresista Aida Merlano, del Partido Conservador, por los hechos de corrupción electoral que protagonizó en las legislativas de 2018.
El fallo, de 30 páginas y fechado el pasado 7 de diciembre, se produjo ante la queja disciplinaria formulada el 12 de marzo de 2018, un día después de las elecciones en cuestión. Así mediante un auto del 14 de marzo de 2018, se ordenó iniciar investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara Aída Merlano Rebolledo, por las irregularidades cometidas con ocasión de la campaña electoral al Senado de la República.
En el cargo imputado se leía: 'Aída Merlano Rebolledo puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria, porque el 11 de marzo de 2018, fungiendo como representante a la Cámara, al parecer cometió el delito de corrupción al sufragante tipificado en el artículo 390 del Código Penal, toda vez que presuntamente entregó dinero con el propósito de que los electores votaran por ella para el Senado de la República período 2018-2022, perpetrando esa descripción típica en razón del cargo, dado que el ordenamiento jurídico le permite a los congresistas realizar campaña política sin separarse de la curul que ostentan, y además, ejecutó eI ilícito con ocasión de la función, pues pretendía mantener la investidura en el poder legislativo'.
Carrillo, en la decisión, afirma que la conducta desplegada por la implicada Merlano Rebolledo 'configura un ilícito disciplinario, en la medida que ataca directamente el orden político-democrático, pilar fundamental de la organización estatal (...). De suyo cuando el pueblo es convocado a elegir a sus gobernantes, debe garantizarse por parte de las autoridades que dicho ejercicio esté protegido contra toda forma de manipulación y constreñimiento'.
Con lo cual, agrega, la investigada defraudó el ordenamiento jurídico, la representación del pueblo en su condición de congresista y el deber que demanda el artículo 95 constitucional.
'La condición de servidora pública en este caso, no solamente le exigía un actuar que honrara el desenvolvimiento ajustado a la moralidad pública como congresista, sino además que salvaguarde la libertad de la elección como lo prevé el orden jurídico', señala la providencia.
Recuerda el jefe del Ministerio Público que el inmueble allanado era la sede de su campaña, que en dicho lugar se descubrió todo el andamiaje dedicado a la compra de votos, que se halló un arma de fuego a su nombre y que, incluso, una de las capturadas fue su hermana Vanessa Victoria Merlano Rebolledo.
'Estas características dan cuenta que la investigada a pesar de conocer la legalidad de su actuar quiso su realización, desplegando conductas inequívocamente dirigidas a la comisión de la descripción típica de corrupción al sufragante', se lee.
Merlano Rebolledo fue sorprendida el 11 de marzo de 2018, en pleno día de las elecciones legislativas, en la denominada ‘Casa Blanca’, en Barranquilla, cuando protagonizaba actividades de compra de votos con varios subalternos. Al momento del allanamiento se incautaron vídeos donde se observa a la electa senadora repartiendo dinero a líderes que se encargaban de pagar a los electores por su voto.
Posteriormente, el 17 de abril de ese mismo año fue recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá y finalmente la Corte Suprema de Justicia la condenó a 11 años y 4 meses de prisión por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
Sin embargo, el 1 de octubre de 2019, Merlano se fugó de sus guardias mientras asistía a una cita odontológica y el 27 de enero de 2020 fue recapturada en Maracaibo, Venezuela.
Un día después de la captura, ante un juzgado del estado de Zulia, se le imputaron los delitos de uso de documento falso, usurpación de identidad y asociación para delinquir.
