Compartir:

Fuentes de la Procuraduría General de la Nación le confirmaron a EL HERALDO que la procuradora Margarita Cabello le pidió la renuncia a su recién nombrada secretaria general, Ana Lorena Habib Cañizales, luego de que se conociera que la saliente funcionaria tenía una investigación en el propio ente de control disciplinario.

Habib, quien se había posesionado el 18 de enero pasado, tuvo que dejar el cargo el 19 de enero, debido a que para la nueva titular del Ministerio Público hay un asunto de ética en el hecho de que tenga una pesquisa en su contra en la misma entidad en la que desempeñaría sus funciones.

La ex secretaria general, que aún no está inhabilitada, sí está siendo objeto de una pesquisa por supuestas irregularidades en la contratación de trabajos en tres aeropuertos del país, cuando se desempeñó como funcionaria de la Aerocivil.

Se trata de una formulación de cargos en 2019 contra ella y cuatro funcionarios más de la Aeronáutica por 'presuntas irregularidades en el estudio, diseño y mantenimiento de los aeropuertos Guaymaral, Florencia y San Vicente del Caguán, en una contratación por más de $16.000 millones'.

Según el expediente, los señalados habrían firmado en mayo de 2015 un contrato sin que se cumplieran con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones y porque, supuestamente, 'favorecieron una propuesta en particular que no era la más conveniente para la entidad'.

Junto a Habib se posesionaron otros miembros del gabinete de Cabello como Juan Sebastián Vega Rodríguez, como procurador auxiliar para Asuntos Constitucionales; Viviana Mercedes de Jesús Mora Verbel, en el cargo de procuradora de Familia; Javier Andrés García Ávila, como secretario privado; y Ángela María Calderón Fernández, como nueva jefe de prensa de la Procuraduría General.

Posteriormente, tomó posesión el viceprocurador general de la Nación, Antonio Emiro Thomas Arias, abogado y especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana. 

Cuenta con amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado. Se ha desempeñado como magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

En el sector privado, ha sido director jurídico del Banco Nacional en liquidación, director jurídico y vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla y apoderado de Cementos Argos.

En la academia ha dado cátedra en algunas de las principales universidades del país.