No cesan los rifirrafes luego de que la JEP reportara que fueron más de 6 mil las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados 'falsos positivos' los que fueron perpetrados por fuerzas armadas estatales y no 2 mil, como se había estimado anteriormente.
Ahora el enfrentamiento, por Twitter, es entre el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, y el expresidente Álvaro Uribe.
Vivanco inició la discusión aseverando que Uribe 'distorsiona' la historia de los 'falsos positivos' al decir, por ejemplo, que 'nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de Fuerzas Armadas, mucho menos por bajas en combate'. A lo que el defensor de derechos humanos responde: 'Falso. Hubo directivas que otorgaban recompensas y hay evidencias claras de estos pagos. (...) Además de dinero, los miembros del Ejército que reportaban bajas recibían permisos de vacaciones, ascensos, comisiones en el extranjero, premios y felicitaciones'.
Agrega el directivo de la ONG internacional que 'Uribe dice que en su gobierno se priorizaron las desmovilizaciones sobre las capturas y estas sobre las bajas. Engañoso. Esta norma fue aprobada en 2007 cuando ya habían ocurrido más de mil falsos positivos en su gobierno (según estimaciones conservadoras de Fiscalía)'.
Así mismo señala el chileno que Uribe dice que en su gobierno se estableció que los levantamientos de cadáveres debían ser realizados por CTI. 'Engañoso', afirma, y precisa que 'esa norma se dictó en 2006 cuando ya habían ocurrido al menos cerca de 500 falsos positivos en su gobierno (según Fiscalía). Muchas veces se incumplió'.
También pone de presente el director de Human Rights Watch para el continente que Uribe dice que los falsos positivos no nacieron durante su gobierno: 'Engañoso. Nadie afirma que nacieron durante su gobierno. Sabemos que existen desde los 80s. Pero durante su gobierno hubo los picos más altos, como lo ha dicho la fiscal de la Corte Penal Internacional'.
Y sigue el hilo: 'Uribe dice que en 2008 se reunió en la ONU con un 'capitán del Ejército, testigo protegido'. Era un cabo (no un capitán). Desde entonces el testigo ha sido amenazado de muerte. Uribe no hizo nada para protegerlo'.
Acusa Vivanco al exmandatario de omitir detalles en la discusión: 'Uribe dice que muchos soldados fueron absueltos luego de 'acusaciones falsas'. Olvida decir que más de 1.700 miembros del Ejército (desde soldados hasta coroneles) han sido condenados por 'falsos positivos''.
Frente al papel del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, que habría aportado información concerniente al tema a la JEP, Vivanco indica que 'Uribe intenta atacar el trabajo de la ONG diciendo que ellos le dieron dinero a un 'falso testigo'. La Corte Suprema concluyó en febrero de 2008 que la ONG no cometió ninguna irregularidad y se limitó a apoyar a un testigo cuya seguridad estaba en riesgo'.
Y, por último, comenta una publicación del periódico londinense 'The Economist': 'Uribe dice que, según @TheEconomist, el propósito de la JEP es 'desacreditarlo'. Falso. 'The Economist' dice algo obvio: si las decisiones de la JEP sobre falsos positivos son contundentes, muchos colombianos cambiarán su opinión sobre las políticas de seguridad de Uribe'.
Ante las publicaciones, el Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente de la República, emitió un comunicado en el que aclara, como primer punto, que 'la Directiva 029 de 2005 fue expedida por el Ministerio de Defensa con el fin de definir los criterios para el pago de información y recompensa a particulares, no a los miembros de la fuerza pública como equivocadamente lo afirma Vivanco'.
Reitera la colectividad que la actuación del expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a los llamados 'falsos positivos' 'fue de cero tolerancia: retiro preventivo de 27 oficiales del Ejército de Colombia; desde los inicios del Gobierno se instruyó la participación del CTI de la Fiscalía General de la Nación en el lugar donde se presentaran bajas en combate, (ratificado en acuerdo el año 2006), priorización de las desmovilizaciones sobre capturas y éstas sobre bajas, así como 18 medidas más que fueron reconocidas por la Oficina del Alto Comisionado para los DD. HH.'.
Anota así mismo la bancada oficialista que las medidas tomadas por el Gobierno de la Política de la Seguridad Democrática 'permitieron reducir conductas reprochables por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas que mancharon el honor militar'.
Y finalmente rechaza el CD 'la sistemática conducta de hostigamiento por parte de José Miguel Vivanco en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su sesgada participación en temas internos de Colombia siguiendo el libreto de sus aliados políticos'.
A su vez, el expresidente insta a Vivanco a que 'diga la verdad: 2006 se hizo acuerdo con la Fiscalía para que asumiera investigación sobre bajas. Antes, 2003, ordené a FF. AA. no mover cuerpos dados de baja hasta que Fiscalía, CTI, hiciera levantamiento. Se autorizó pago por información a civiles, no a militares'.
También lo conmina a que 'no oculte la verdad: Al principio del Gobierno, ministra Marta Lucía Ramírez, hoy vicepresidente, se adoptó la formulación de la Seguridad Democrática, con énfasis en DD. HH. y transparencia'.
Y lo ataca señalándolo de 'militante de Farc': Ya que usted es militante de FARC no debería dar apariencia de defensor de DD. HH.'.
Que diga la verdad, pide nuevamente Uribe, al manifestar que 'desde el comienzo del Gobierno, cuando se lanzó la Seguridad Democrática, la ministra Marta Lucían Ramírez, hoy vicepresidente, ordenó darle prioridad a desmovilizaciones, 53 mil en el Gobierno, en 2a prioridad capturas, 36.363, y las bajas como último recurso, 13.992'.
Acusa además el exsenador a la ONG en cuestión: 'Y esta ONG que realizó los pagos a la familia del testigo preso por secuestro extorsivo tiene entre sus aportantes al senador (Iván) Cepeda -reconocido como víctima en el proceso que se le sigue al exmandatario-. Señor Vivanco, no se debe jugar con la ley ni con la verdad. (...) La Corporación de Defensa de Presos Políticos, que usted defiende, pagó $12 millones a la familia de un preso por secuestro extorsivo. Qué tal que ese pago lo hubiera hecho alguien contrario a su militancia con FARC señor Vivanco'.
