Diez relatores especiales de la ONU enviaron una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, pidiendo que el Gobierno no retome las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, un plan que el Ministerio de Defensa quiere emprender en los próximos meses.
La reanudación de este programa 'atentaría contra el acuerdo de paz y contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos', según una información publicada este domingo por la ONG Dejusticia.
La carta está firmada el 17 de diciembre de 2020 por la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, y el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, entre otros, y dirigida al presidente colombiano.
'Nos gustaría llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre nuestra preocupación relativa a la intención del Estado de Colombia de reactivar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea de herbicida glifosato (PECIG) y los riesgos relacionados para los derechos humanos y el medioambiente', dicen los relatores.
Estas aspersiones, consideran, se realizan en 'un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país'.
En 2014, una sentencia de la Corte Constitucional colombiana ordenó la suspensión de las aspersiones aéreas luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyera al glifosato entre los herbicidas que pueden causar cáncer en humanos.
A mediados de 2015, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) acató la sentencia del alto tribunal que dos años después emitió un nuevo fallo en el que estableció que sería posible reanudar las aspersiones aéreas si una investigación científica, de forma 'objetiva y concluyente, demuestra la ausencia de daño para la salud y el medioambiente'.
Sin embargo, el Gobierno de Duque manifestó en 2019 su intención de retomar las aspersiones y comenzó los trámites para conseguir la aprobación de autoridades medioambientales y de salud.
El actual ministro de Defensa, Diego Molano, ha repetido en varias ocasiones que los planes del Ejecutivo son comenzar en abril con las aspersiones y que la Fuerza Aérea se está alistando para ello.
Un plan que tanto la Administración estadounidense de Donald Trump como la actual de Joe Biden avala como método para acabar con el narcotráfico.
Sin embargo, esto supondría, a ojos de los relatores, 'enormes riesgos para los derechos humanos y el medioambiente, a la vez que no cumpliría con las condiciones establecidas en la sentencia T-236 de la Corte Constitucional, ni tampoco con las obligaciones internacionales en la materia'.
Y también iría contra un punto del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC que establece que, en caso de no llegar a un acuerdo con las comunidades para la erradicación de cultivos ilícitos, se debe proceder a la erradicación manual, previa socialización e información.
Además, indican que los 104 municipios donde se prevé retomar esas aspersiones son territorios mayoritariamente habitados por pueblos indígenas, afrocolombianos y comunidades campesinas, que y las autoridades no ha hecho suficiente trabajo de integración en el proceso.
