El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, advirtió este lunes en un comunicado que en lo corrido de 2021 se han registrado 30 eventos de desplazamiento masivo (16 intraurbanos y 14 rurales), dejando 11.150 personas como víctimas.
Estos números reflejan, se lee, que son unos cuatro hechos de desplazamiento masivo por semana en el territorio nacional, 'lo que ha llevado a una situación de revictimización de la población campesina y étnica, que ha quedado expuesta a confrontaciones, amenazas y riesgo de reclutamiento forzado por parte de los diferentes grupos ilegales. Todo ello impide el restablecimiento de derechos y garantías de no repetición'.
El funcionario precisó que estos eventos 'afectaron a un total de 4.062 familias, compuestas por 11.150 personas, de las cuales el 90% pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano. Y han sufrido confinamiento 40 comunidades en Chocó, Cauca y la costa nariñense'.
Atribuye la entidad estos hechos de violencia a diferentes grupos armados ilegales y señala que son consecuencia de las disputas territoriales que suceden en las comunidades rurales indígenas, en comunidades negras y campesinas, así como en zonas urbanas, como en el Distrito de Buenaventura, y otras donde prevalecen condiciones de vulnerabilidad 'y donde la Defensoría ha detectado dificultades en materia de garantías de seguridad para excombatientes y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, entre otros'.
Explica además el organismo del Ministerio Público que 'son hechos que aterrorizan a la población con homicidios selectivos, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, amenazas y señalamientos y, en general, prácticas de sometimiento y control poblacional. Hechos enmarcados de manera particular en las disputas de, entre otros actores, facciones disidentes de las ex FARC-EP (frentes 36 y 18), el ELN, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (‘Caparros’) y grupos de crimen organizado contra las AGC en el noroccidente del país (occidente y suroeste antioqueños, Bajo Cauca, Sur de Córdoba), enfrentados por las zonas de cultivo, procesamiento y comercialización de droga, así como la captación ilícita de rentas provenientes de la minería ilegal y trata de personas, entre otras'.
Para ello, anota el defensor, la Defensoría del Pueblo ha desplegado grupos interdisciplinarios con funcionarios de orden nacional como delegados y expertos en desplazamiento forzado, así como asesores, defensores comunitarios y facilitadores que están ligados a las regionales, para un promedio de cinco a siete servidores por cada caso y que trabajan en terreno, levantan información y hacen seguimiento a la problemática.
Los lugares con mayores hechos de desplazamiento se encuentran, en el Caribe, en El Salado; así como en el resto del país en el sur del Cauca, el bajo cauca antioqueño, el Urabá antioqueño y chocoano, Buenaventura, Chocó, el Catatumbo y en el Alto Baudó, por ejemplo.
Ante esta situación dramática, Camargo advierte 'la urgente necesidad de adoptar medidas de disuasión y control de los factores de violencia y amenazas, que están atentando contra la población civil, ocasionando desplazamientos masivos e individuales, así como confinamientos con grave afectación a comunidades campesinas y étnicas. Así mismo brindar medidas de protección y mitigación del riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas, por medio de acciones eficaces de prevención y protección que garanticen la atención integral y el goce efectivo de los derechos de la población, particularmente aquella en situación de desplazamiento y confinamiento'.
Finalmente, pide el funcionario, atención humanitaria de emergencia y restitución de derechos para las comunidades desplazadas, por medio de un retorno a sus lugares de origen con suficientes garantías de seguridad.
