La Procuraduría informó este miércoles en un comunicado que pidió a la JEP revocar la decisión de admitir al exsenador Álvaro García Romero.
El Ministerio Público apeló la medida de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, argumentando que 'García Romero era un comandante paramilitar, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia, y por tal razón, la única posibilidad de admitirlo en la JEP es si hubiese participado indirectamente en el conflicto, colaborado o financiado estructuras ilegales en calidad de tercero, situación que no aplica en su caso'.
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Agregó el ente de control que en los compromisos expresados por el compareciente 'no hay elementos nuevos, así como tampoco se evidencia que aporte una verdad que contribuya a la reparación concreta de las víctimas' por las que fue condenado.
No obstante haber sido sentenciado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, en Carmen de Bolívar, y por el homicidio en 1997 de la testigo electoral Georgina Narváez, en San Onofre, Sucre, 'su programa no contempla un plan dirigido a las víctimas directas de sus actos o a sus familiares, y por el contrario todo su aporte se dirige a una reparación inmaterial y abstracta', indica la entidad.
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'Es cuestionable que el compareciente va a develar el funcionamiento de las estructuras paramilitares, cuando ha sido reiterada la negativa de su reconocimiento como miembro orgánico paramilitar', concluye la Procuraduría.
García Romero hace parte del poderoso grupo político de los García Romero, del que también hacen parte el fallecido exsenador Juan José García Romero, la procesada exsenadora Piedad Zuccardi y el senador Andrés García Zuccardi, de La U.
