La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, en aras de garantizar la reparación y no repetición a la población de Buenaventura, llevará a cabo un 'Pacto por la Búsqueda – Buenaventura Territorio de Paz' este 12 y 13 de abril.
La estrategia consiste en una jornada de diálogo, sensibilización y trabajo articulado en la que participarán junto a víctimas, lideresas, líderes, organizaciones sociales, instituciones y representantes de la comunidad internacional, con la finalidad de visibilizar ante la sociedad civil e instituciones estatales la magnitud, sistematicidad y continuidad de la desaparición de personas en este territorio y atender a las víctimas de los demás crímenes ocurridos en el conflicto armado que durante décadas han afectado a comunidades étnicas, afrocolombianas e indígenas, a mujeres, jóvenes y campesinos.
Este escenario plantea la coordinación de los esfuerzos que sean necesarios para agilizar la búsqueda de, al menos 841 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Buenaventura, de las cuales 779 fueron desaparecidas forzadamente, 40 reclutadas, 3 secuestradas y 19 asesinadas con ocultamiento de cuerpos, según datos entregados a la Unidad de Búsqueda por cuenta del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Asimismo, se busca con esta iniciativa hacer un llamado para que se garanticen los puntos establecidos en el Acuerdo de Paz. Es por eso, que desde la Comisión de la Verdad se espera comprender con más profundidad las verdades éticas y políticas que hay alrededor de la desaparición y de esta forma avanzar en presentar un relato que devele los complejos entramados políticos, sociales, económicos y culturales que propiciaron esta práctica en el marco del conflicto armado.
De igual forma, la JEP propone aportar a la concreción de objetivos estratégicos, como cerrar la histórica brecha de impunidad de crímenes atroces que se han cometido en esta región; hacer realidad los derechos de las víctimas a la participación efectiva, al esclarecimiento de la verdad y el acceso a la justicia, que permitan la identificación, juzgamiento y sanción a los máximos responsables y los partícipes determinantes de los crímenes atroces; el reconocimiento del daño causado y el establecimiento de las correspondientes medidas reparadoras y restaurativas.
Cabe resaltar, que la agudización de la violencia en Colombia ha golpeado duramente a ese territorio. Según cifras de la oficina de la ONU en Colombia para los DD.HH., en lo que va del 2021 en esa zona del país han ocurrido 41 homicidios, 13 desapariciones forzosas y más de 8.000 desplazamientos.
