La controversia por la reanudación de las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato se ha reavivado en Colombia con el decreto del Gobierno que reglamenta dicha práctica, suspendida desde 2015 por los daños a la salud que puede causar el herbicida.
El Gobierno ha manejado el tema del glifosato 'con pinzas' pues sabe que por un lado tiene encima los ojos de Estados Unidos y, por el otro, la oposición de distintos sectores políticos y sociales que rechazan ese método por los riesgos para la salud y el medioambiente.
Las alternativas son la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, estipulada en el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con la antigua guerrilla de las FARC y apoyada por los campesinos, y la erradicación manual, que involucra a numerosos policías y soldados, con frecuencia blanco de ataques armados mientras hacen esa labor.
Sin embargo, el decreto aprobado por el Gobierno el lunes no significa la reanudación inmediata de las aspersiones, pues aún es necesario, por ejemplo, el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes, integrado por varios ministros, la Fiscalía y la Procuraduría, entre otros entes.
Por su parte, el cirujano y filósofo ambientalista Camilo Prieto le dijo a EL HERALDO que frente al glifosato 'estamos hablando de dosis entre tres y siete veces más tóxicas que la agricultura convencional. Y esa toxicidad produce fallas respiratorias agudas, insuficiencias renales y abortos espontáneos'.
Y advirtió que, por ejemplo, en Perú, 'donde está prohibido el glifosato para aspersión de cultivos ilícitos, han logrado reducir estos cultivos a unas tasas increíbles'.
Entre tanto, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, dijo que están listos 'para dar inicio a la aspersión aérea cuando se cumplan todos los protocolos del decreto'.
Y el representante del Putumayo, Carlos Ardila, liberal, anunció que demandará el decreto 'por no cumplir con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para reanudar este método'.
