La violencia volvió a ser una amenaza para la prensa colombiana por el asesinato, las amenazas y la exposición a múltiples riesgos que sufrieron los comunicadores, según el informe semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) divulgado este miércoles.
'Este periodo registró severas restricciones al trabajo periodístico, especialmente en la frontera colombo-venezolana, la muerte de un periodista, la prescripción de varios asesinatos ocurridos en el 2000 y amenazas legales respecto a la imposición del derecho a la honra por sobre la libertad de expresión', detalló el estudio presentado en la reunión de medio año de la SIP.
El informe reseñó el asesinato del periodista del periódico Q'hubo, Andrés Felipe Guevara, el pasado 23 de diciembre tras recibir cuatro disparos en un atentado.
La SIP recordó el retiro de los representantes del Estado colombiano de la audiencia de la Corte IDH por el caso de la periodista Jineth Bedoya, víctima de un secuestro y agresión sexual en el año 2000.
Amenazas por informar
El periodo analizado representó además un riesgo por las amenazas contra las periodistas Vicky Dávila y Claudia Gurisatti, por parte de alias Jesús Santrich, de las disidencias de las Farc.
Además, el organismo encontró que luego de que en enero pasado la CIDH ordenó medidas cautelares a favor del periodista de investigación Ricardo Calderón, 'el Estado colombiano no ha implementado acciones que garanticen su vida e integridad'.
Algunas de las agresiones hacia la prensa también las sufrieron Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez, periodistas venezolanos y corresponsales del medio NTN24, quienes fueron detenidos junto a dos miembros de la ONG FundaREDES, por la Guardia Nacional Bolivariana en marzo pasado mientras cubrían 'la escalada de violencia en la frontera colombo-venezolana'.
La SIP reconoció la condena a 28 años de prisión contra Jesús Vargas Cuajiboy por el asesinato en marzo de 2018 de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, crimen perpetrado en la frontera colombo-ecuatoriana, pero destacó que la Fiscalía no ha esclarecido en su totalidad los móviles del crimen ni ha identificado a todos los autores.
Pese a los hechos que amenazaron el trabajo de los periodistas, la SIP valoró que el Gobierno colombiano iniciara la reglamentación para financiar proyectos de transformación digital de los medios, una iniciativa para impulsar la recuperación económica de las empresas periodísticas afectadas por la pandemia del coronavirus.
