La Procuraduría General de la Nación decidió archivar una investigación que se adelantaba contra miembros (por establecer) del Ejército, adscritos al Comando Conjunto de Inteligencia y a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica, al considerar los vencimientos de términos, en relación a unas presuntas irregularidades en el manejo de los recursos pertenecientes a la cuenta 'gastos reservados'.
En concreto el Ministerio Público determinó, que desde 2017, cuando arrancó la investigación, hasta la fecha, hubo 'falta de recaudo oportuno de pruebas pertinentes', lo cual impidió establecer en este momento que las irregularidades que originaron su apertura, efectivamente fueron cometidas.
'Es importante señalar ante la opinión pública que la Sala Disciplinaria de la Entidad advirtió en su momento de la existencia de una prohibición normativa para decretar nuevas pruebas en la indagación preliminar iniciada en 2017, debido a que se agotó el término de seis meses establecido legalmente para esta etapa', señaló la Procuraduría.
Detalló el ente de investigación que el proceso, en marzo de 2018, fue remitido al despacho del procurador General de ese entonces Fernando Carrillo Flórez, al advertir que en las presuntas irregularidades habrían intervenido oficiales del Ejército Nacional en el grado de general.
'El 4 de mayo de 2018 el Despacho del Procurador Carrillo ordenó romper la unidad procesal para que, por un lado, se analizara un posible uso indebido de los gastos reservados y por el otro, una supuesta interceptación de comunicaciones. El 3 de agosto de 2018 se delegó al Viceprocurador de entonces Juan Carlos Cortés para continuar la actuación', detalló el Ministerio Público.
En un comunicado, la Procuraduría explicó, que el 18 de agosto de 2018 el despacho del Viceprocurador General citó a audiencia pública y formuló pliego de cargos por presunto uso indebido de los gastos reservados, 'no obstante, tres meses después, el 20 de noviembre de 2018, la Sala Disciplinaria de esa época decretó la nulidad de la actuación por error en la calificación jurídica y desconocimiento del principio de favorabilidad, ordenó además devolver el proceso a la etapa de indagación preliminar'.
Al reanudarse por esta administración la actuación y analizar el material probatorio allegado, se advirtió la falta de contundencia en las pruebas recaudadas. 'En 2021 precisamente por la irregular y deficiente actuación disciplinaria adelantada por la administración anterior de Carrillo y Cortés, cuya calificación - pliego de cargos - fue declarada nula por violar varios principios procesales, sumado a la mencionada ausencia de pruebas que respaldaran los hechos motivo de investigación, debió declararse el archivo'.
Resaltó la Procuraduría que 'este procedimiento contra las fuerzas militares es especial, con términos definidos y de obligatorio cumplimiento. Ante estas grandes falencias investigativas encontradas por esta administración, la única decisión jurídica procedente era el archivo de la actuación disciplinaria'.
