La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó a cinco soldados colombianos como víctimas de minas antipersonal en el caso 05, que trata la situación de violaciones graves de derechos humanos que se dieron en el conflicto armado en dos regiones del suroeste del país.
La justicia transicional, creada por el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las Farc, reconoce 'las afectaciones a la vida y la integridad sufridas por los miembros de la fuerza pública', y su derecho a ser atendidos por este tribunal.