En los próximos días el presidente Iván Duque firmará un decreto con el que se busca reducir el hacinamiento carcelario del país. Se trata de una normativa que permitirá que alrededor de 800 personas privadas de la libertad tengan acceso a un brazalete electrónico, pagado por ellos mismos, y con el cual podrán gozar de la medida de detención domiciliaria.
EL HERALDO conoció algunos puntos clave de la normativa que le impone al Gobierno nacional el deber de determinar las tarifas del brazalete electrónico respetando la capacidad económica del beneficiario.
Es por ello que la falta de capacidad económica de las personas privadas de la libertad, según el decreto, no puede constituirse 'como obstáculo' para el acceso a los sistemas de vigilancia electrónica.
Por lo tanto, 'se establece como base para la evaluación de la capacidad económica el Sisbén IV (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan', señala el decreto.
La normativa detalla que la falta de los recursos se tomará en cuenta cuando el núcleo familiar al que pertenece el beneficiario haga parte de los grupo de población en pobreza extrema, pobreza moderada y población en situación de vulnerabilidad y cuando el beneficiario no declare renta.
'Por el contrario, se presumirá la capacidad de pago cuando el beneficiario declare renta o se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud en calidad de cotizante', establece la normativa.
Así las cosas, el potencial beneficiario podrá aportar prueba sumaria que dé cuenta de su falta de capacidad económica para soportar el pago del mecanismo de vigilancia electrónica.
'Por regla general el costo del brazalete electrónico será sufragado por el beneficiario de la medida, no obstante, cuando de manera excepcional este no cuente con los medios económicos que le permitan sufragar dicho valor, el Gobierno nacional se encontrará en la obligación de entregarlo', precisa el decreto.
Además le corresponderá al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) adelantar las gestiones administrativas necesarias con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a fin de acceder a la base de datos dinámica y centralizada de consulta del Sisbén IV.
