La Contraloría abrió el pasado viernes un proceso de responsabilidad fiscal por $70 mil millones ante el polémico contrato entre el Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados, a través del cual se le entregaron precisamente $70 mil millones de anticipo al contratista para que este llevara internet a 7 mil colegios públicos rurales en todo el país.
Sin embargo, Centros Poblados, además de que no habría cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, también entregaría garantías bancarias falsas para respaldar la ejecución del contrato.
El ente de control vinculó en el proceso a los funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Funtic), identificados como Adriana Meza, representante legal; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual, y Camilo Jiménez Santofimio, supervisor del contrato.
