El Gobierno nacional, a través del consejero presidencia para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, rechazó y condenó el atentado del fue que fue víctima el esquema de protección de Mauricio Jaramillo, miembro de la dirección del Partido Comunes, en Popayán.
El funcionario aseguró que garantizar la vida e integridad de quienes creen en la paz, es prioridad para el Gobierno. 'Igualmente nos preocupa la vida de quienes prestan los servicios de seguridad para los ex combatientes': dijo.
De acuerdo con las informaciones preliminares, el esquema de Jaramillo fue atacado al ingreso a la ciudad de Popayán por parte de hombres armados quienes dispararon contra un vehículo en el que se movilizaba en miembro de Comunes, quien en la actualidad coordina la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos Farc.
Archila aseguró que 'todos los autores materiales e intelectuales de los atentados perpetrados contra las personas en proceso de reincorporación terminarán en la cárcel y que el gobierno no escatimará esfuerzos para encontrar y judicializar a quienes son los reales enemigos de la paz, los narcotraficantes que buscan torpedear el proceso de reincorporación atacando a quienes dieron el paso a la legalidad', indicó el funcionario.
Por su parte, el Partido Comunes, a través de un comunicado, rechazó los hechos y exigió al Gobierno de Iván Duque 'las garantías y el cumplimiento de las medidas de seguridad acordadas en La Habana para salvaguardar la integridad de los firmantes de Paz'.
'Queremos comunicar al pueblo de Colombia que este gobierno se ha encargado de entorpecer los procesos de protección para los firmantes de Paz al desfinanciar la Subdirección de la Unidad Nacional de Protección encargada de nuestra seguridad, así como de impedir el viaje de los esquemas de manera oportuna', indicó el partido.
Señaló además que 'no ha tomado medidas para fortalecer la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, responsables del mayor número de crímenes tras la firma del Acuerdo'.
Según la Fiscalía revelan que 335 personas están vinculadas a investigaciones por afectaciones contra los excombatientes en proceso de reincorporación y sus familias. Además, por el homicidio de 257 excombatientes, se han librado 279 órdenes de captura y 152 personas ya están tras las rejas.
