La Procuraduría informó este lunes en un comunicado que urgió a las autoridades nacionales y de Cartagena a 'definir un plan de acción conjunto y coordinado con estrategias que permitan retomar el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado para la protección ambiental del archipiélago Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo'.
Esto luego de que el ente de control advirtiera omisiones e incumplimientos de las órdenes de la sentencia de 2011, lo que, señala, 'ha recrudecido las problemáticas relacionadas con la ocupación ilegal en zonas de bajamar y de baldíos; construcciones sin permisos de las inspecciones de Policía e inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos'.
Los anteriores asuntos ocasionan, se lee, 'vulneraciones de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y del espacio público; la defensa del patrimonio público y la existencia del equilibrio ecológico, y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales'.
Por ello, el Ministerio Público convocó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a Parques Nacionales y Naturales de Colombia, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), a la Dirección General Marítima (Dimar), a las autoridades con competencia en la zona insular del distrito y a los representantes de los consejos comunitarios Orika y San Bernardo a participar en una reunión este martes.
La idea es 'identificar las actuaciones que se deben adelantar en el corto plazo'.
Finalmente, solicitó la presencia del alcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamat y de los secretarios general del Distrito y de Planeación para dar respuesta a los requerimientos hechos por la procuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios al Distrito de Cartagena.
