La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP realizó este martes en Popayán una audiencia de seguimiento para conocer el estado de las medidas cautelares que adoptó en 2020 para garantizar la vida y seguridad de los comparecientes de las Farc y el derecho de las víctimas a la verdad.
La diligencia fue presidida por el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, quien recaudó información tanto de fuentes estatales como de organizaciones no gubernamentales y de víctimas, corroborando así las situaciones de riesgo grave que enfrenta la colectividad de firmantes del Acuerdo de Paz.
Entre las situaciones analizadas, está el incremento de muertes violentas que ascienden a por lo menos 276 en el país, 96 de ellas ocurridas en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. 'La disputa por el control de los corredores estratégicos, el poder de los grupos de narcotráfico y las disidencias de las Farc, entre otros factores, son fuente de riesgos no controlados que ameritan mayores esfuerzos de las autoridades con funciones de garantías de seguridad', advierte la Sección.
Asimismo, la seccional mencionó que las medidas cautelares han permitido evidenciar que implementar una política pública implica, no solo la existencia de normas, sino la voluntad política para materializarlas. Esto se expresa en la destinación de recursos públicos y funcionarios que ejecuten de manera constante.
Dentro de este trámite de la Sección de Ausencia de Reconocimiento se han emitido alrededor de 140 decisiones judiciales dirigidas a buscar la protección de la vida e integridad de los comparecientes forzosos.
Una de estas fue una orden a la Unidad Nacional de Protección para que gestionara recursos para completar el programa de escoltas con 683 nuevas plazas y 40 analistas de estudios de riesgo en seguridad a fin de garantizar la vida de los excombatientes.
Asimismo, la JEP aprobó el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP) de Personas en Reincorporación por parte de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y su implementación por parte de la Unidad Nacional de Protección.
