El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó la solicitud de la Procuraduría General y ordenó medidas cautelares en caso del contrato de $70.000 millones que se adelanta en contra de la Unión Temporal Centros Poblados por el contrato con Mintic.
En la decisión de los magistrados del alto Tribunal ordenan que se levante el velo corporativo para determinar la identidad de los socios de las personas, sean naturales o jurídicas, que integran las sociedades o fundaciones que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020.
Para tal fin, la Superintendencia de Sociedades, la Fiscalía, la Procuraduría, Superintendencia Financiera, Contraloría y demás entidades, deberán, de acuerdo con el fallo, en los próximos tres días, identificar y separar los patrimonios de las empresas que conforman la UT que son: fundación de telecomunicaciones, ingeniería, seguridad e innovación, ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora SAS.
Y en ese sentido, 'poder recurrir a los bienes que integran sus patrimonios, con el fin de evitar un posible daño al patrimonio del Estado o de terceros'.
