La Fiscalía General de la Nación en conjunto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportaron que en los últimos siete meses, desde que se lanzó la estrategia Argenta, han logrado afectar las finanzas de 15 redes dedicadas al contrabando y fraude fiscal, entre otros delitos.
De acuerdo con el ente de investigación, durante los operativos se ha logrado la incautación de mercancía, especialmente de cigarrillos, avaluados en más de $19.000 millones; representados en cerca de 7 millones de cajetillas.
Estas incautaciones fueron realizadas en mar territorial colombiano. La evidencia recopilada señala que la mercancía ilícita sería propiedad de al menos 4 organizaciones integradas por ciudadanos panameños, venezolanos y colombianos, quienes pretendían ingresarla al territorio nacional a través de lugares no habilitados en cercanía a los puertos en Cartagena (Bolívar) y Coveñas (Sucre), para luego acopiarla en Medellín (Antioquia) y ser distribuida de manera ilegal en el resto del país, una parte de esta llegaría al Ecuador.
La Fiscalía también informó que, 'atendiendo el liderazgo del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado', la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales asumió el conocimiento de 400 indagaciones relacionadas con el delito de omisión de agente retenedor o recaudador a nivel nacional, omisión de activos en el exterior, fraude al IVA y a impoconsumo y que fueron denunciados por la Dian.
El monto de las sumas retenidas y no consignadas a favor de la Nación, en lo que respecta a los casos investigados, correspondería a $618 mil millones, lo que representa el 52 % del total de los dineros dejados de pagar en favor del erario público.
La priorización de los casos permitió que la Fiscalía estableciera la existencia de una organización ilegal que durante 7 años ha expedido facturas falsas que representaban operaciones simuladas de compra y venta de activos y/o servicios.
Lo anterior, habría permitido que personas naturales o jurídicas se apropiaran del impuesto a las ventas y/o disminuyeran sus obligaciones respecto del impuesto de renta. Por esta venta ilícita de facturas las organizaciones ilegales cobrarían distintos porcentajes o comisiones.
