La Fiscalía informó este lunes en un comunicado que imputó ante un juez de la capital los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a Claudia Esperanza Amaya Vargas, funcionaria de Cancillería.
Entre septiembre de 2016 y enero de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó tres contratos, cuyo valor total ascendió a $828 millones, para adquirir y poner en funcionamiento un sistema único integrado para la gestión de documentos electrónicos acorde a las guías dispuestas por el Archivo General de la Nación.
Dado lo anterior, se tendrían que haber ejecutado contratos para brindar soporte técnico y mantenimiento evolutivo al sistema, advirtió el ente acusador.
