En medio de una audiencia que se realizó en la JEP para hacer seguimiento a las órdenes impartidas al consejero para la Estabilización, Emilio Archila Peñalosa; y al director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo Martínez, con relación a las medidas cautelares de protección a excombatientes de las Farc-EP, el tribunal de paz indicó que la seguridad a favor de este grupo no ha mejorado.
El magistrado Gustavo Salazar, indicó que la situación es 'muy grave', en esa medida, 'de ninguna manera se puede hablar aquí de mejoría de la situación. Más de 46 homicidios en 2021, es una situación gravísima (...) el Estado no les está cumpliendo (a los excombatientes)'.
Durante la diligencia, la JEP indicó que dichas órdenes fueron impuestas en favor de los excombatientes que comparecen ante la JEP, debido a que a corte del 15 de septiembre de 2021, han sido asesinados más de 296 ex miembros de esa extinta guerrilla.
Frente a las palabras de los magistrados, Carlos Caycedo, consejero presidencial adjunto de la Consejería para la Estabilización, explicó que: 'Se acordaron 12 programas que se concretan en 20 estrategias que señalan concretamente los objetivos para lograr criterios y agrupar las acciones de la entidad. El plan fue adoptado el 31 de marzo de 2021'.
Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección indicó que 'se ha venido garantizando la protección de la población en reincorporación de acuerdo con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y los autos proferidos por la Sección de la JEP'.
El director de la UNP anunció además que, a 2021, la Unidad cuenta con 1.698 hombres de protección, y ha contratado 586 de los 686 sugeridos por la Jurisdicción para la protección de los excombatientes de las Farc-EP.
El magistrado Salazar tras la intervención de los funcionarios indicó que 'desde septiembre de 2020, ¿cuántas personas que elevaron solicitud y cuya solicitud no fue resuelta, fueron asesinadas? Quiero los números y nombres porque aquí no nos podemos quedar en unos indicadores de gestión, lo que está de por medio son vidas humanas', dijo.
En la audiencia también estuvo presente el Ministerio Público quien también formuló preguntas a las entidades citadas. Diana María Cadena, procuradora delegada para el Acuerdo de Paz, preguntó especificaciones sobre el plan estratégico de seguridad y solicitó a la UNP claridad sobre las solicitudes de protección irresueltas.
En respuesta a las preguntas de la magistratura y la Procuraduría, el consejero presidencial adjunto para la Estabilización señaló que 'la estrategia de territorialización viene de manera progresiva' y por esta razón, el impacto del plan no es igual en todos los departamentos.
El director de la UNP manifestó que, de acuerdo con la información de la Fiscalía, de los 283 asesinados, '248 miembros del partido Comunes, nunca solicitaron medidas de protección a la UNP'.
El funcionario también dijo ante la magistratura que, referente a las 101 solicitudes de protección que no se han resuelto, 'quedan resueltas antes del 31 de diciembre de este año, para poder lograr el 100% que necesitamos y seguir avanzando'.
Al finalizar las respuestas de las entidades, la magistratura anunció sus decisiones. El magistrado Raúl Eduardo Sánchez leyó las órdenes impartidas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento las cuales ordenaron al Consejero de Estabilización que es un término de 60 días hábiles presente informe de cumplimiento el cual contenga un plan de reunión con la mesa técnica de seguridad y protección para que ajuste el plan estratégico de seguridad y protección respaldado por la identificación y necesidades.
Dicho plan debe contener los enfoques de género, étnico y territorial, además de que se vincule a campañas de no estigmatización y de respeto a la vida.
