Este martes entra en vigor el Estatuto Disciplinario de la Policía que, según el Gobierno, traerá garantías al ejercicio de la manifestación pública y a la investigación y sanción de los abusos que cometa la fuerza pública contra los ciudadanos en las protestas.
También constituyen faltas graves en la normativa el hecho de que un uniformado impida la grabación de los procedimientos policiales, que manipule los dispositivos para eliminar su contenido, o si un servidor de la fuerza pública oculta su identificación.