Madres y otros familiares de jóvenes asesinados por el Ejército en los llamados falsos positivos pidieron este martes que se limpie el nombre de sus hijos, un reclamo que han hecho durante más de 14 años y que sienten que no se ha cumplido.
Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército Nacional y7 quien fue comandante de la Trigésima Brigada del Ejército de Cúcuta, fue uno de los primeros comparecientes en intervenir en un acto de reconocimiento de verdad, sobre los falsos positivos celebrado en Soacha.
'Madres, ellos no eran guerrilleros y ni eran delincuentes', fueron las primeras palabras que pronunció el exmilitar ante las 13 madres de 19 personas que fueron asesinadas extrajudicialmente por agentes del Estado (14 en Soacha y cinco en Bogotá), entre 2004 y 2018.
En su intervención el general (r) señaló que hay que aceptar la verdad, aunque esta duela, para poder hacer reaccionar a las autoridades.
'Madres de Soacha ustedes me mostraron en lo que fallé. Quiero ganarme el perdón de ustedes para que ninguna otra madre sufra por estos hechos', dijo Coronado Gámez, al señalar que el acto busca 'dignificar' la memoria de los caídos para que 'jamás se vuelva repetir'.
'Aquí perdió Colombia entera, perdió la confianza en el Ejército. Tenemos que admitir que esto ocurrió, así algunos quieran enmascarar la verdad, pero esa verdad es necesaria para corregir el rumbo', dijo el general (r) del Ejército.
El ex uniformado indicó también que todo lo que las madres dicen 'es verdad'.
'Si queremos tener un mejor futuro tenemos que reconocer esa verdad así nos duela y nos pegue fuerte. Estoy aquí para reconocer estos crímenes cometidos', dijo el militar (r).
Mientras sostenía una planta que luego entregó a una de las madres, el teniente coronel retirado del Ejército Gabriel Rincón Amado aseguró que estaban en la audiencia para reconocer su responsabilidad en los hechos.
'Estamos aquí (...) para dignificar el buen nombre de estos jóvenes que fueron asesinados a manos de la extinta Brigada Móvil 15, y del Batallón Santander', dijo el coronel retirado, que fue comandante de Brigada 15 del Ejército, en Norte de Santander.
Rincón agregó: 'Con estas flores queremos decirles que así como esta planta surge frente a los embates del clima (...) para mostrarse ante el mundo con unos ojos bonitos, así ha sido cada una de ustedes frente a la lucha que han tenido estos 14 años para demostrar que sus hijos y sus familiares no eran, ni fueron, ni pertenecieron a ningún grupo criminal'.
Carmenza Gómez, madre de John Nilson Gómez Romero, asesinado el 2 de marzo de 2008, indicó que. 'A nuestros hijos y los demás jóvenes que se llevaron del campo y las regiones. Ellos no eran guerrilleros, ni delincuentes'.
'Son miles de víctimas en todas las regiones de nuestro país, y nosotras fuimos amenazadas después de que asesinaran a nuestros hijos', dijo Gómez.
Entre tanto, Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), señaló que la lucha de las madres de Soacha en un claro ejemplo de dignidad, resistencia y defensa por los derechos humanos. 'Ustedes, con la búsqueda de la verdad, inspiran un futuro donde se escuche paz'.
'Invito a quienes hoy vinieron ante la Comisión de la Verdad a que nos ayuden a encontrar a las personas desaparecidas. Es muy importante para la construcción de paz conocer dónde están y darle una respuesta a miles de familias', dijo Monzón.
En el país se conoce como falsos positivos al asesinato de civiles inocentes a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate para obtener así beneficios o ascensos.
En la mayoría de los casos las víctimas fueron jóvenes de bajos recursos que eran reclutados con falsas promesas de empleo, muchos de ellos en la localidad de Soacha, desde donde eran llevados con engaños a Ocaña, donde se les asesinaba.
Por las denuncias de la asociación Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo) a partir de 2008, y otras que se conocieron posteriormente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha encontrado evidencia concreta de 6.402 casos de ejecuciones en 31 de los 32 departamentos de Colombia, la mayoría de ellas entre 2002 y 2008.
