Horas antes del asesinato del jurado de votación Nelly Bedolla Vásquez, ocurrido hacia las 5:30 de la tarde del domingo en la vereda Nueva Colombia, municipio de Vista Hermosa, Meta, las autoridades habían incautado 170 kilos de explosivos y 30 kilos de metralla. En la zona, los pobladores y algunas autoridades no descartan que el crimen haya tenido relación con este golpe que propinaron los uniformados.
Sin embargo, la información oficial, la difundida por el Ejército, es que los responsables del homicidio fueron las disidencias de las Farc, quienes al cierre de la jornada electoral, específicamente durante el proceso de extracción del material electoral, fue atacada 'de manera indiscriminada la delegación del puesto de votación a la cual se le realizaba acompañamiento'.
En el mismo hecho resultó herido Sergio Ochoa, un teniente del Ejército que recibió los primeros auxilios en el lugar por parte de los enfermeros de combate y posteriormente fue evacuado vía aérea hasta Villavicencio.
Medios locales reportaron que el caso ocurrió en un 'enfrentamiento armado', mientras trasladaban los votos de ese lugar en un helicóptero.
De acuerdo con las autoridades en zona tiene influencia la comisión Marco Aurelio Buendía, del bloque de las disidencias de las Farc, Jorge Briceño.
Pese al ataque, la Misión de Observación (MOE), detalló que el material electoral que transportaban las víctimas, 'no se vio afectado'.
Hernán Gómez Niño, secretario de Gobierno del Meta, afirmó al Periódico de Meta que las tropas de inspección que se encontraban en la zona, 'pertenecen a jurisdicción de la fuerza de Tarea Omega, bajo el mando del General Roger Gómez'.
El funcionario de igual forma, indicó que el ataque se pudo tratar de un retaliación por la muerte de alias Gentil Duarte, al manifestar que: 'Es una posibilidad; puede ser una retaliación al haber dado de baja a ese bandido', dijo.
Este fue considerado el incidente más grave de la jornada. El registrador nacional, Alexander Vega, a través de su cuenta de Twitter señaló: 'Rechazamos todo acto violento que atente contra la vida de los colombianos y la democracia nacional'.
La Defensoría del Pueblo lamentó la muerte del jurado de votación y exigió 'a los grupos armados ilegales dejar por fuera de sus acciones a los civiles y respetar el Derecho Internacional Humanitario'.
