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Como parte de la vigilancia que realiza la Contraloría al sector penitenciario del país, este jueves Sebastián Montoya, contralor Delegado para Sector Justicia, ofreció detalles del control fiscal que la entidad realizó a los centros penitenciarios durante 2018-2022.

De acuerdo con la entidad, se ha encontrado 'un fuerte riesgo fiscal' por las demandas que podrían resultar debido a la ingobernabilidad de los presidios. El informe ‘Cárceles: Resultados y Retos del Control fiscal’ determinó que hay un 'alto incumplimiento de las minutas de alimenticias', además de reconocimiento y pago 'de mayores valores en 4 contratos' para proyectos modulares.

Detalló el contralor delegado que se detectó inversión por más de $105 mil millones para 2046 cupos que no se encuentran construidos y reveló que hacen 'vigilancia especial' a las obras en las cárceles de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta e Itaguí.