A pocos días de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) realice adjudique la licitación para la megaobra en el Canal del Dique, comunidades aledañas, agrupados en la Ruta del Cimarronaje, hicieron un llamado a los organismos nacionales e internacional 'a solidarizarse' con las víctimas afectadas en el marco del conflicto armado.
A través de una carta, el grupo que asegura que ese cuerpo de agua es considerado como uno de los 'cementerios más grandes del país', piden que haga valer la medida cautelar que pesa sobre el Dique ya que la medida está 'orientada a reestablecer los derechos fundamentales de las comunidades negras, palenqueras, raizales e indígenas, las cuales han sufrido los estragos de estos acontecimientos y de igual forma a recuperar los restos de las víctimas mortales que yacen en el Canal'.
Destacan que recientemente la Comisión de la Verdad en las recomendaciones entregadas en el informe final, solicita que se declare el Canal del Dique como camposanto, sin embargo, exponen su preocupación por el proceso que está por cumplirse el próximo 4 de agosto.
'Hoy, contra viento y marea el Gobierno nacional encabezado por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Asociación Nacional de Empresario de Colombia – ANDI, pretenden a toda costa licitar el proyecto Canal del Dique el día 4 de agosto, a pesar de las inconformidades que se han venido presentando desde las organizaciones que pertenecen a la Ruta del Cimarronaje', señala el colectivo.
Exponen que esta licitación en los términos que se plantean, sin ningún protocolo de exhumación e inhumación, 'trae consecuencias que podrían acarrear graves perjuicios tanto a las víctimas como al erario público, debido a que si se licita el Canal del Dique sin que exista protocolo de exhumación e inhumación, al adoptarse posteriormente este protocolo se generarían incrementos en la contratación para llevar a cabo las exhumaciones'.
También poden a la JEP, un 'pronunciamiento urgente' sobre esta situación, con el fin de conseguir que la ANI 'suspenda el proceso de licitación' hasta tanto se adopte un protocolo para resguardar y garantizar los derechos fundamentales de las víctimas.
'Solicitamos a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría apersonarse del tema y ejercer el debido control de acuerdo a sus competencias', solicitan las comunidades.
