La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al futuro concesionario del megaproyecto del Canal del Dique, adoptar protocolos técnicos encaminados 'a asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares de los cuerpos de las víctimas desaparecidas a lo largo del referido cuerpo de agua'.
La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) señaló que la medida se toma en el curso del trámite de unas medidas cautelares sobre el Dique; lugar en el que, según un estudio del Grupo de Análisis de la Información (Grai), habrían ocurrido, aproximadamente, 'unas 9.638 desapariciones forzadas, entre los años 1991 y 2015'.
