La Fiscalía imputó al exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar Jaramillo; al ex gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; y al ex gerente general de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Federico José Restrepo Posada, como presuntos responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del caso Hidroituango.
El cargo, que no fue aceptado por los exfuncionarios, se formuló debido a que los procesados intervinieron en las discusiones que permitieron celebrar un contrato denominado Boomt (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer) el 30 de marzo de 2011, que 'habría desconocido los principios de buena fe contractual, planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva'.
