Las ocupaciones ilegales de tierras, que se han multiplicado con la llegada del nuevo Gobierno, agregan un foco de agitación social a la ya compleja situación de Colombia, con el riesgo que eso supone del surgimiento de un nuevo conflicto.
En el centro de la disputa están comunidades indígenas, negras y campesinas, principalmente de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca (suroeste), que reclaman propiedades de hacendados o ingenios azucareros, situación que se repite en otras partes del país con ganaderos, grupos agroindustriales e incluso con terrenos baldíos.
'Son dos situaciones diferentes, una en la que los indígenas ocupan predios en el norte del Cauca y otra la de departamentos en donde claramente los que llegan a predios son campesinos y afros que reclaman la devolución de lo que les quitaron en el conflicto armado', explica a Efe, Carlos Duarte, profesor del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.
No hay cifras oficiales de predios invadidos porque se trata de un problema que aumenta a diario pero se estima que esta situación ocurre en 18 de los 32 departamentos del país.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha advertido que no tolerará ocupaciones y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que los invasores tienen un plazo de 48 horas para desalojar, pero lo cierto es que salvo en la ocupación de un terreno en el departamento del Huila, la Policía se ha abstenido de intervenir.
