La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP anunció el pasado viernes la segunda resolución de conclusiones contra los ex-Farc Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda por los crímenes de guerra de toma de rehenes, crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes internacionales.
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En la decisión, sus expedientes fueron remitidos a la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz y se sugirió para seis de los comparecientes la máxima sanción de 8 años, y de 5 años para Granda que no tuvo mando sobre la tropa.
El Tribunal de Paz tiene seis meses para hacer el juicio, en el que podrá escuchar a las víctimas y sus representantes así como a los comparecientes, para finalmente adoptar una sentencia bajo un régimen de restricción efectiva de libertades y derechos, y la compatibilidad de estas sanciones con el ejercicio de la actividad política también serán materia de estudio en la sentencia.
EL HERALDO consultó las opiniones de Óscar Parra, director del proyecto Rutas del Conflicto y profesor de cátedra de la Universidad del Rosario; de César Niño, Ph. D. en derecho internacional, magíster en seguridad y defensa y profesor de la Universidad de La Salle, y del exfiscal Luis Eduardo Montealegre, penalista y constitucionalista y ex magistrado de la Corte Constitucional, acerca de las penas restaurativas que se contemplan y del recibo que tienen estas en los colombianos cuando se cumplen seis años del Acuerdo de Paz de La Habana y se perfilan en el marco de la política de paz total negociaciones y sometimientos con el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo, entre otros grupos ilegales y criminales.
