Putumayo sigue desangrándose. Seis años después de haberse firmado el Acuerdo de Paz, este departamento –codiciado por los grupos ilegales debido a su generosa oferta de importantes rutas narcos de tráfico transfronterizo– continúa bajo el yugo de las balas, la barbarie y el desplazamiento que, en su mayoría, como casi siempre, afecta a miles de familias inocentes y calla a los pocos líderes sociales que se atreven a abrir la boca sobre el horror al cual están sometidos.
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La guerra no ha parado por estas tierras del sur. Y de paz total, como anuncia el gobierno del presidente Gustavo Petro, hay poco o nada. Hace menos de dos semanas, en las veredas Las Delicias y Los Pinos, del municipio de Puerto Guzmán, 18 personas murieron por la sangrienta lucha por el control territorial que llevan a cabo los Comandos de la Frontera y el Frente Primero ‘Carolina Ramírez’, de las disidencias de las Farc.
Pero también en la Costa Caribe hay incertidumbre y, de hecho, el pasado jueves, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en un consejo de seguridad, reportó que el homicidio en la capital bolivarense tuvo un aumento del 66 % en octubre y de 63 % en noviembre. Por ello se anunciaron refuerzos en los controles de la Policía y la DIAN en este puerto y en las vecinas Santa Marta y Barranquilla.
El interrogante que deja la situación, y que les transmitió EL HERALDO a analistas y congresistas, es cómo va entonces la política de seguridad de Petro en lo rural y lo urbano, en el sur y en el norte del país.
Desafíos no son nuevos. Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, le dijo a este diario que los desafios de seguridad en Colombia son enormes, porque hay una 'grave problemática' tanto en las ciudades como en el mundo rural: 'En las ciudades algunas están tomadas por temas de mafias del narcotráfico que hacen control de todos sus expendios ilegales y hay otras ciudades puerto, donde también la situación es dramática, porque de aquí sale la droga y las dinámicas de las mafias llevan al homicidio. Esos son desafios no de ahora, sino de siempre'.
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El experto agregó que en la zona rural el asunto es también delicado: 'Tenemos 120 municipios donde hay control de ilegales y donde los retos son enormes. Todo eso tiene que ser asumido por el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, desde sus políticas de seguridad humana y de la paz total. Ambas políticas están articuladas, tanto la de la seguridad como la de construcción de paz, y el Gobierno es consciente de que en el trasfondo de todo esto está el problema del narcotráfico y que hasta que no salgamos de esta problemática nefasta no será posible mejorar los indicadores de seguridad y convivencia'.
Pero, afirmó, 'la política de paz total ha arrancado con la negociación con el Eln y vendrán otras noticias con las estructuras disidentes de las Farc y ojalá con el Clan del Golfo', con lo que se espera baje la violencia en los territorios.
