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En un fallo de 76 páginas, fechado el pasado 24 de noviembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca protegió en primera instancia los derechos e intereses colectivos a la seguridad pública, invocados por el ex veedor de Bogotá, Guillermo Rivera, vulnerados por el Ministerio de Defensa, la Policía, la Fiscalía, la Alcaldía de Bogotá y la Alcaldía Local de Usaquén.