A través de un comunicado de prensa, los firmantes de paz y exintegrantes del desaparecido Bloque Sur de las extintas Farc-ep en Caquetá denunciaron hostigamientos y amenazas de muerte por parte de grupos disidentes que delinquen en la zona.
En la misiva, los excombatientes solicitaron al gobierno de Gustavo Petro mayores garantías en materia de seguridad.
'(...) en medio de este ejercicio de compromiso a la respuesta de las demandas de las víctimas y reconstrucción de verdad se dan a conocer múltiples situaciones que atemorizan la seguridad de toda la población de firmantes del acuerdo de paz y los comparecientes ante este macrocaso, la situación de amenazas contra la vida e integridad física de quienes se encuentran en el territorio donde se han presentado intimidaciones y atentados de por lo menos de uno de los comparecientes', se lee en el documento.
'De mantenerse esta situación se pone en riesgo la obtención de información para la satisfacción de demandas de verdad de las víctimas por parte de los comparecientes y firmantes de paz, recordemos que más de 370 personas en proceso de reincorporación han sido asesinadas. Se han presentado más de 800 hechos de amenazas e intimidación, y 32 casos de desplazamiento forzado individual y colectivo', agregaron.
De acuerdo con los excombatientes, en los últimos meses han sufrido varios ataques por parte de organizaciones al margen de la ley.
'Frente a la seguridad física y temores contra la vida tenemos el caso de Franklin González, quien sufrió un atentado en diciembre de 2022; el asesinato de Ronald Rojas, quien fue integrante de uno de los frentes; el asesinato de Jorge Santofimio, líder de la reincorporación; y otros más que deben ser conocidos por el país, atendidos por la justicia y la institucionalidad. Por lo cual es urgente que la Fiscalía General transparente la información y la entregue en su totalidad al equipo de defensa, y no de manera fraccionada e incompleta', señalaron.
Por otro lado, el fiscal general, Francisco Barbosa, reveló que su entidad está verificando 'una supuesta carnetización a la población civil en Caquetá'.
'Que está desmadrado el orden público en Colombia. Es que tenemos unos decretos que tiene con brazos caídos al Ejército y a la Policía en parte del territorio nacional. 365 órdenes de captura contra homicidas de defensores de derechos humanos, reincorporados y sus familiares sin ejecutar. 3.600 órdenes de captura sin materializar por homicidios en zona rural en el país', dijo Barbosa.
Drama en Mesetas.
Cabe recordar que unas 200 familias de excombatientes de las Farc que vivían en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez, en Meta, tuvieron que huir de allí por amenazas de disidentes de las Farc que operan en la región.
Los excombatientes denunciaron que por cuenta del desplazamiento perderán los proyectos productivos en los que trabajaban desde que se reincorporaron, que son de transformación de caña panelera, turismo comunitario, venta de bienes y servicios, transformación de café y de sus cultivos derivados y ganadería.
También dicen que perderán la infraestructura que han construido en los últimos seis años, así como se verán afectadas otras comunidades aledañas que se veían beneficiadas, entre otras cosas, por las escuelas que hay en el ETCR Mariana Páez.
Esta semana el presidente Gustavo Petro anunció que como parte de su política de paz total comenzará una mesa de conversaciones con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, el grupo que según los excombatientes propició el desplazamiento.
En ese sentido, el senador Julián Gallo, uno de los líderes de Comunes, aseguró en Twitter que es 'inaceptable que mientras Gobierno nacional anuncia inicio de conversaciones con las llamadas disidencias, estos grupos sigan asesinando, desplazando y amenazando a los firmantes de paz'.
Esto 'sin que haya un pronunciamiento del Gobierno que les exija suspender ese tipo de atentados contra quienes estamos cumpliendo con el compromiso de la paz'.
