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En el marco de la Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial que adelanta la Contraloría General de la República, desde enero del presente año, sobre los $2,1 billones invertidos por distintas entidades estatales en los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, en el departamento de La Guajira, se detectó que las entidades no asignaron un presupuesto específico para el cumplimiento de la sentencia durante las vigencias que se están auditando, pero de acuerdo con la misionalidad de cada una de ellas y sus competencias, han invertido recursos por aproximadamente $2.1 billones de pesos en pro del cumplimiento de los objetivos constitucionales mínimos plasmados en la sentencia.