La Procuraduría General de la Nación le pidió al Gobierno la atención inmediata para los desplazados por la violencia en Buenaventura.
En total, de acuerdo con el Ministerio Público, son 274 personas que representan 124 familias que han tenido que salir huyendo de sus tierras, en el Bajo Calima, por el acoso de los grupos ilegales.
'La presencia de una Comisión Extraordinaria del Ministerio Público, en el principal puerto sobre el Pacífico, evidenció las condiciones indignas de salubridad e higiénicas, en las que se encuentran, en el Coliseo Cristal, gran parte de los desterrados. Tan solo entre enero y junio de este año, el ente de control ha recibido 2.603 declaraciones individuales por desplazamiento forzado, confinamiento y amenazas', señaló la entidad.
Según las autoridades se han registrado cinco desplazamientos masivos rurales y dos urbanos a Buenaventura.
'Instamos al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares y de Policía a brindar las garantías necesarias para el retorno de estas familias que llevan más de un año sin recibir una atención adecuada', dijo José Luis Martinez, coordinador de la Comisión Extraordinaria de la Procuraduría.
