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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por orden del presidente Gustavo Petro, ofició al canciller Álvaro Leyva para que, a través de canales diplomáticos, requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del Grupo Aval y Corficolombiana.