La Cancillería declaró el estado de urgencia manifiesta por 12 meses con el fin de que se siga prestando el servicio de expedición de pasaportes.
Esta figura, contemplada en las normas de contratación estatal para casos de fuerza mayor, se emplea para poder celebrar contrataciones directas temporales sin necesidad de un proceso licitatorio.
'Se da apertura al proceso contractual al que haya lugar de conformidad con las leyes vigentes, que como consecuencia de lo anterior, y mientras se surte el proceso de contratación, se declarará el estado de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio', afirmó el canciller.
Función Pública indica que la urgencia manifiesta se puede usar 'cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos'.
En el comunicado, el Ministerio aseveró además que 'con esta decisión se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos a entrar y salir del país, a elegir y ser elegidos, como también los derechos de los eventuales proponentes que pudieron haber participado en este proceso, a la libre concurrencia y a la igualdad de trato y de oportunidades, y especialmente al derecho de unos y otros a la dignidad humana como derecho síntesis, piramidal en nuestro Estado social de derecho'.
Por último, agrega, 'preservamos el principio de la contratación estatal de selección objetiva y los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 superior, Carta Constitucional'.
Durante la audiencia se interpuso un recurso de reposición por parte de la única empresa que estaba en el concurso, que ejecuta dichas contrataciones desde hace 17 años, y la Cancillería anunció que este recurso será respondido este jueves.
Se trata de la compañía Thomas Greg & Sons, que busca quedarse con el contrato de $600 mil millones y que para ello, anunció, 'presentamos recurso de reposición haciendo énfasis en la falta de competencia del canciller, en la falsa motivación y en la ilegalidad de la actuación'.
