La Fiscalía General de la Nación acusará formalmente el 20 de noviembre a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Cabe recordar que este miércoles se conoció el escrito de acusación del ente acusador, un documento de 83 páginas que desvela la posesión de más de 60 pruebas documentales y 36 testimonios, incluyendo el de Daysuris Vásquez, como elementos centrales en el caso contra el exdiputado.
Según la Fiscalía, Petro registró ingresos por un monto de $280.331.394 durante su tiempo como diputado, pero declaró un total de $1.205.750.000, de los cuales $1.053.911.056 carecen de justificación. Estos fondos ingresaron en su patrimonio de manera irregular, sin tener origen en su trabajo.
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Asimismo, el escrito revela que Petro Burgos adquirió un inmueble en Villas de Palmarito, Tubará, Atlántico, por un valor de $334.938.000, pagado en efectivo, utilizando dichos ingresos no justificados. Para dar apariencia de legalidad al inmueble, se registró a nombre de un tercero, César Emilio Vásquez Buendía, tío de su expareja sentimental Day Vásquez.
Además, de acuerdo con el documento del ente judicial, Nicolás Petro Burgos utilizó certificaciones falsas emitidas por el proyecto 'Sziget Beach House-Casa Kicsi', a través de Daysuris para justificar su patrimonio en las declaraciones de renta de los años 2020 y 2021 por $49.300.000 y $100 millones, respectivamente.
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La Fiscalía sostiene que Nicolás Petro 'preordenó' su conducta para cometer estos delitos y que era plenamente consciente de la ilicitud de sus acciones. Considera que su incremento patrimonial no pudo ser resultado de su trabajo como diputado, ya que habría recibido sumas considerables en efectivo de actividades económicas distintas a su cargo político entre mayo de 2021 y finales de 2022.
Ante estas acusaciones, la Fiscalía considera necesario llevar a Nicolás Petro Burgos a juicio, argumentando que conocía y comprendía la ilegalidad de sus acciones, que no solo dieron apariencia de legalidad a bienes, sino también a actividades de origen ilícito.
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'El señor Nicolás Fernando Petro Burgos se predica imputable porque conocía lo que estaba haciendo al momento de ejecutar las conductas, tenía la capacidad de comprender su ilicitud, comprendía que estaba incrementando para sí y para otro de manera no justificada su patrimonio económico, siendo servidor público - Diputado adscrito de la Asamblea Departamental de Barranquilla-', se lee en el documento.
'Además, conocía y comprendía que estaba adquiriendo, invirtiendo, ocultando y encubriendo bienes que tenían su origen mediato o inmediato en el delito de enriquecimiento ilícito (delito subyacente), dando no solo a los bienes sino también a las actividades, apariencia de legalidad', se lee en otro de los apartes.
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