El magistrado Camilo Andrés Suárez, presidente de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz, reveló que la JEP se acerca a imponer las primeras sanciones a los miembros del antiguo secretariado de las Farc-EP en el Caso 01, que estudia los crímenes de guerra de toma de rehenes, y de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes, que es conocido como el de los secuestros realizados por exintegrantes de esa extinta guerrilla.
De acuerdo con el togado, contrario a la tradición del Derecho en Colombia, en la cual una vez el imputado reconoce su responsabilidad se emite una sentencia, en el caso de la justicia transicional de la JEP, previo a la fase de juicio se desarrollan unos pasos.
'Por ejemplo, en este momento el Tribunal Especial para la Paz está verificando los aportes de verdad que pudieron haber hecho los comparecientes en la etapa de investigación y evaluando si los hechos que se les atribuyen tienen una calificación jurídica acertada, atendiendo la ley colombiana y el Derecho Internacional Humanitario', explicó.
'No puede pensarse un modelo de justicia restaurativa si uno no articula tres componentes: Las víctimas, la comunidad y los comparecientes, en un diálogo que permita reparar y recomponer el tejido social, y no revictimizar ni generar acción con daño', agregó.
Posteriormente, aclaró que las sanciones pueden variar dependiendo de las condiciones de vida, de seguridad, de edad y de otros factores relacionados con los comparecientes.
Sin embargo, todas las sanciones propias, es decir, aquellas que se imparten cuando los comparecientes reconocen su responsabilidad, tienen unos elementos comunes: 'Establecen entre 5 y 8 años de restricción de derechos y un componente restaurativo', aseguró.
