El Ministerio de Hacienda presentó el concepto del impacto fiscal de la reforma pensional que entra ahora a segundo debate en la plenaria del Senado, asegurando que 'se acoge a las posibilidades financieras de la Nación en el marco de las restricciones fiscales actuales y proyectadas'.
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Agrega el Ejecutivo que todas las consideraciones incluidas son fiscalmente factibles manteniendo la sostenibilidad del sistema de protección a la vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo, de modo que pueden incorporarse en la planeación financiera del Gobierno en línea con las restricciones presentadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Marco de Gasto de Mediano Plazo y en estricto cumplimiento de la regla fiscal.
'El esfuerzo fiscal del pilar semicontributivo se deriva de un nuevo reconocimiento de un rendimiento real de 3 % efectivo anual sobre el valor presente de las cotizaciones realizadas al componente de Prima Media y un nuevo subsidio de 15 % sobre el saldo resultante, que se daría a las personas que cumplan con los requisitos de edad, hayan cotizado al menos 300 semanas y menos del mínimo de semanas requeridas para obtener pensión y no sean elegibles para el pilar solidario', indica el reporte.
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Para el pilar contributivo la cartera económica pone de presente que todos los cotizantes pasarían a hacer aportes a Colpensiones por la parte del IBC entre 1 y 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que en el corto plazo se presentaría un incremento en los ingresos de la entidad por concepto de mayores cotizaciones, parcialmente compensado por una caída en los traslados, que actualmente hacen parte de sus ingresos corrientes.
Sin embargo, advierte, 'se espera una mayor obligación futura para Colpensiones relativa al escenario sin reforma cuando una cantidad importante de nuevos cotizantes se pensionen, por lo que, en el largo plazo, habría un aumento relativo en los gastos'.
Señala en este punto Hacienda que el proyecto de ley 'mejora el balance de Colpensiones medido en Valor Presente Neto (VPN) a 2070 en 1,0 pp. A su vez, cuando se incorporan los rendimientos financieros generados por el fondo de ahorro del pilar contributivo la mejora en el VPN incrementa a 5,0 pp del PIB. Por el lado del pilar solidario, el VPN del impacto fiscal a 2070 ascendería a 19 % del PIB, lo que representaría un incremento de alrededor de 15 pp frente al programa de transferencias actual, Colombia Mayor. En general, las disposiciones de la reforma al sistema de protección integral para la vejez implicarían un incremento del costo fiscal en VPN a 2070 de 9,5 pp del PIB'.
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No obstante, para algunos expertos este concepto evidencia que la reforma es inviable en términos del gasto requerido y en asignación por niveles de ingreso, así como es contraria a los principios constitucionales de estabilidad fiscal, dado que el VPN al año 2100 del costo fiscal del sistema pensional, es decir el pasivo pensional, pasaría a ser de 84,12 % del PIB en un escenario sin reforma, a 126,38 % del PIB con el proyecto, aumentando el pasivo pensional en $678 billones, pasando de $1.350 billones sin reforma a $2.029 billones con el proyecto.
De este modo, con el impacto fiscal de esta reforma en que se llegaría a 2 puntos del PIB en las próximas décadas habría un costo para la Nación de casi $30 billones, debido a que las características demográficas están llevando al país a un escenario en que habrá menos cotizaciones que pensionados.
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